El diputado nacional, Martín Aveiro, (Unión por la Patria) presentó un pedido de informes para exigir que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, el Banco Nación y la Dirección Nacional de Vialidad, rinda cuentas sobre el destino de los recursos del Fondo Fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial). 

La presentación parlamentaria denuncia una subejecución superior al 73% de las partidas destinadas al mantenimiento de rutas y conecta de forma directa esta falta de inversión con las severas dificultades operativas que atraviesan los corredores cordilleranos y las rutas nacionales.

En su presentación, el legislador apuntó contra la administración central al señalar que, mientras los contribuyentes abonan diariamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos en los surtidores de todo el país, más de $1 billón de pesos con asignación específica para la red vial habrían sido colocados en instrumentos financieros como plazos fijos y títulos públicos para engrosar artificialmente las metas fiscales del Tesoro.

El impacto en alta montaña

Aveiro contrapuso las maniobras financieras del Gobierno con la situación que se vive en el Paso Internacional Cristo Redentor, el cual acumula más de tres semanas sin operatividad continua debido al temporal y a las limitaciones operativas para despejar los tramos de la Ruta Nacional 7.

“Esto no es una discusión teórica ni una planilla de Excel: la falta de inversión en Vialidad la sufrimos todos los días. Llevamos más de tres semanas con el Paso Internacional cerrado y eso tiene que ver directamente con la parálisis presupuestaria, la falta de insumos y la escasez de equipos. Es tremendo el sacrificio que están haciendo los obreros viales, trabajando incansablemente para despejar la ruta prácticamente a mano y solo con cuatro máquinas”, enfatizó el diputado nacional.

Cifras

De acuerdo con los datos presentados en el proyecto de resolución, entre 2024 y 2026 el Fondo SisVial registró una subejecución acumulada del 73,8%. De una recaudación total que superó los $1,5 billones de pesos por el tributo a los combustibles, la autoridad de aplicación solo ejecutó cerca del 26% en obras de conservación y mantenimiento preventivo, dejando retenido o volcado al sistema bancario el monto restante.

Ante esta situación, el legislador advirtió sobre la gravedad institucional de la medida, señalando que la retención e inmovilización de partidas con destino específico contraviene la Ley de Administración Financiera (Nº 24.156) y la Constitución Nacional. 

Asimismo, el proyecto solicita determinar si se han iniciado sumarios o actuaciones para investigar la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).