Por el antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien se acogió al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos, se le está empiojando al oficialismo la negociación del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados.

Esa es la principal traba que impide por el momento destrabar los acuerdos, aunque desde el oficialismo no retroceden y buscarán dictaminar este miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, desde las 11 hs en el anexo C de la Cámara baja.

“Es la idea”, contestaron altas fuentes parlamentarias del bloque de La Libertad Avanza sobre la posibilidad de alcanzar dictamen de mayoría, aún conscientes de las resistencias que produce la habilitación de funcionarios públicos en la letra de la ley.

El oficialismo tiene previsto abrir el recinto, en el mejor de los casos, el 19 de agosto, aunque en las últimas horas empezó a sonar más fuerte la fecha del 26 de agosto para tratar Inocencia Fiscal en conjunto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El miércoles pasado, en una reunión informativa del plenario de comisiones, altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias y busca fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito económico formal.

Durante sus exposiciones, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el Director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el director del Banco Central Martín Vauthier explicaron los detalles técnicos y alcances de la actualización de la ley, que incorpora los cambios plasmados en el decreto reglamentario de la norma original.

Desde la oposición llovieron las críticas al considerar que la norma alienta la evasión impositiva y que constituye un “blanqueo permanente” que favorecerá a funcionarios públicos, que no están excluidos del régimen de Inocencia Fiscal.

Tras escuchar el aluvión de críticas, Balestrini rechazó que el nuevo proyecto suponga un nuevo blanqueo. “Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”, aclaró.

Además, explicó que más allá de lo estipulado en esta nueva ley, los funcionarios públicas seguirán estando obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción como hasta ahora.

En la misma línea, la subsecretaria de Ingresos Públicos aclaró que la iniciativa “no renuncia a la fiscalización” y “no anula la ley antilavado ni la antievasión”.

A su turno, Imirizaldu aclaró que “no entran las sociedades dentro de este régimen simplificado” y que “para ello, esas personas humanas continúan o deben continuar cumpliendo la condición de ser residentes fiscales argentinos”.

Por su parte, Vauthier indicó que la estimación del stock de billetes en moneda extranjera que tienen los argentinos fuera del sistema financiero (“bajo el colchón”) asciende a “aproximadamente 170 mil millones de dólares” e indicó que “probablemente eso sea un piso”.

“Y para ponerle un orden de magnitud, hoy los depósitos privados en el sistema financiero en moneda extranjera son un poco más de 40 mil millones de dólares”, dimensionó.

“Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera. Esto es un número enorme y obviamente el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, afirmó.

La ley de Inocencia Fiscal había quedado en la mira luego de que unos días antes de ser eyectado del cargo, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, formalizaran su solicitud de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en medio de la causa que los investiga por presunto enriquecimiento ilícito.