Legislatura
El Senado aprobó el proyecto de Ley de Ciberseguridad
La iniciativa del Poder Ejecutivo establece un marco integral para proteger los sistemas y datos del Estado provincial frente a las amenazas cibernéticas. Ahora será analizada por la Cámara de Diputados.El Senado de Mendoza aprobó, durante su sesión habitual, el proyecto de Ley de Ciberseguridad remitido por el Poder Ejecutivo. La iniciativa busca establecer un marco normativo integral para fortalecer la protección de los sistemas informáticos y de la información del Estado provincial frente al crecimiento de las amenazas cibernéticas. Hubo críticas puntuales a uno de los artículos porque habilita la compra directa, sin licitación pública.
La votación resultó con 34 votos afirmativos y 2 negativos y con la aprobación de la Cámara Alta, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados en revisión para continuar con su tratamiento legislativo.
La propuesta establece políticas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes que puedan afectar los sistemas informáticos, los datos y la infraestructura tecnológica provincial, con especial atención en aquellos recursos considerados críticos para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
Durante el debate, el senador Néstor Majul destacó que el proyecto representa una continuidad de las políticas de seguridad y modernización tecnológica que Mendoza viene desarrollando durante los últimos años. “Es una continuidad en materia de seguridad, porque venimos desarrollando desde hace 10 años una política sostenida para la provincia de Mendoza, con un plan que se está desarrollando y adecuando a los nuevos desafíos que nos plantea la tecnología”, señaló.
En este sentido, diferenció las políticas vinculadas al ciberdelito de aquellas relacionadas específicamente con la ciberseguridad. Recordó que Mendoza ya cuenta con herramientas para investigar y perseguir delitos cometidos mediante medios digitales, entre ellas fiscalías especializadas, el agente encubierto digital, el allanamiento digital y un laboratorio forense digital que funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.
“Cuando diferenciamos el ciberdelito de la ciberseguridad, sobre ciberdelito venimos trabajando hace tiempo”, explicó Majul, y señaló que el nuevo proyecto busca avanzar en la protección preventiva de los sistemas del Estado.
Licitaciones polémicas
El proyecto modifica además la Ley Provincial N° 8706 de Administración Financiera para facilitar la adquisición y actualización de herramientas destinadas a la ciberseguridad.
La modificación incluye dentro de un régimen específico la adquisición, contratación, renovación, actualización, ampliación, soporte y mantenimiento de bienes, servicios, licencias, plataformas, infraestructura tecnológica, soluciones de software y servicios profesionales vinculados con la seguridad digital, la continuidad operativa, la respuesta ante incidentes y la recuperación de sistemas críticos. También contempla tecnologías estratégicas aplicadas a la seguridad pública.
"Ese artículo habilita la compra directa, sin licitación pública, que es el modo en donde los mendocinos y la política controla”, cuestionó el senador Ariel Pringles, y planteó que podrían haberse incorporado mecanismos de urgencia o emergencia que permitieran actuar con rapidez, pero manteniendo controles posteriores. “No podemos darle un cheque en blanco a un Gobierno que en estos diez años ya empieza a tener algunos cuestionamientos respecto a los cheques en blanco que le hemos ido dando”.
Por estas razones, el Interbloque Encuentro Mendocino anticipó su acompañamiento al proyecto en general, pero su rechazo al artículo 41, al considerar que la modernización de los sistemas de seguridad no puede hacerse resignando transparencia, controles y mecanismos de rendición de cuentas.
En tanto, manifestaron su rechazo los senadores Félix González y otros integrantes del bloque Fuerza Patria, quienes plantearon sus objeciones durante el tratamiento en el recinto.
Principales herramientas de la ley
El proyecto crea el Sistema Provincial de Ciberseguridad, destinado a coordinar las políticas públicas de prevención, detección, respuesta y recuperación ante incidentes.
Entre sus principales herramientas se encuentran el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), encargado del monitoreo y detección de eventos, y el Equipo de Respuesta ante Incidentes (CSIRT), que tendrá a su cargo la coordinación de la respuesta, contención, mitigación y recuperación ante incidentes.
Ciberseguridad es uno de esos desafíos. Proteger los sistemas que sostienen servicios esenciales, resguardar los datos de los mendocinos y estar preparados frente a posibles ataques también es hacer seguridad.
— M Mercedes Rus (@MercedesRus1) August 11, 2026
También se crea el Registro Provincial de Incidentes de Ciberseguridad y un Programa de Divulgación Responsable para que especialistas y ciudadanos puedan reportar vulnerabilidades detectadas en sistemas públicos mediante canales oficiales.
La normativa establece, además, obligaciones para los organismos alcanzados y para los proveedores tecnológicos del Estado, especialmente en materia de prevención, gestión de riesgos, reporte de incidentes y protección de información.
Protección de infraestructura y datos
Uno de los capítulos centrales está destinado a la Infraestructura Crítica Esencial, que comprende sistemas, plataformas, redes, datos y activos tecnológicos cuya afectación pueda comprometer servicios públicos esenciales o funciones estratégicas del Estado, como salud, educación, justicia, seguridad y hacienda.
Los organismos responsables deberán implementar medidas reforzadas de ciberseguridad, continuidad operativa, recuperación ante desastres, monitoreo, control de accesos y gestión de vulnerabilidades.
El proyecto también establece un régimen de gobierno de datos, que deberá garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y uso legítimo de la información durante todo su ciclo de vida.
