Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1433 mediante el cual se ratificó la cesantía de una empleada del Hospital Central por utilizar documentación médica privada de pacientes. Desde ATE salieron a cuestionar la decisión aclarando que la información era de pacientes que habían tenido un trato VIP en el Hospital Central y su historia clínica fue utilizada para hacer la denuncia por esta situación.
"Resulta preciso aclarar que dicha compañera es una militante activa de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza, una gran luchadora y firme defensora de los derechos de los trabajadores. Lo que denunció en su momento fueron las atenciones VIP que hay en el Hospital Central con determinadas personas. Eran atenciones que se realizaban con otras metodologías, habitaciones y pisos, muy diferentes a la atención regular que se lleva adelante con el resto de los ciudadanos que asisten al nosocomio de manera normal y habitual", expresaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado.
En este sentido, aclaran que la historia clínica personal de los políticos y allegados solo se aportó ante las autoridades competentes de los organismos correspondientes para denunciar la situación.
"Toda esa documentación que contenían las denuncias destacadas siempre fue reservada, en todo momento, y se entregó sólo a las autoridades de los organismos mencionados, como en mano al legislador Emanuel Fugazzotto, en calidad de miembro de dicha comisión legislativa. La Legislatura tomó vista de esto y pasó la documentación como elementos probatorios a las autoridades del Hospital Central, el cual entendió que no debería haber sido presentada. En vez de atacar la situación de fondo, que son las atenciones VIP y las irregularidades denunciadas en dicho nosocomio, como son la falta de personal, médicos, medicamentos e insumos, optó por sumariar a la trabajadora y plantear una sanción de cesantía", cuestionan.
Por último, aclaran que van a recurrir la cesantía a la Corte Suprema de la Nación para que revise el procedimiento. Específicamente, sostienen que es su deber hacer conocer las irregularidades dentro del Estado y que la cesantía tuvo "un objetivo disciplinador contra la dirigente sindical".
"No se puede aplicar esta sanción de cesantía hacia la compañera Viviana Rodríguez, debido a que está recurrida en la Corte Nacional, como un recurso de queja que libra en el expediente que planteamos en consecuencia", concluyen desde el gremio que conduce Roberto Macho.
