La Fiscalía Federal de Gualeguaychú desbarató una organización criminal dedicada al tráfico y a la producción ilegal de cigarrillos. La causa era investigada desde hacía 2 años y finalizó con el operativo MK8, que derrumbó una agrupación que habría generado ganancias ilícitas estimadas en 32 millones de dólares.

Según información brindada por el portal "El Liberal" las autoridades secuestraron más de 54 toneladas de tabaco, cerca de 14 millones de estampillas fiscales falsas y maquinaria industrial utilizada para la producción masiva de cigarrillos apócrifos. Los representantes de la tabacalera de las dos marcas afectadas explicaron que se trata de "la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos registrada en la historia de Argentina."

Al parecer, la organización operaba en Entre Ríos, Buenos Aires, San Juan, Mendoza y San Luis. Uno de los hallazgos centrales de la causa fue el descubrimiento de una fábrica clandestina instalada en esta última provincia, que contaba con capacidad para producir aproximadamente 700 millones de cigarrillos por año. 

En el caso de Mendoza, la Provincia era un pulmón clave de la organización, ya que habría sido cede de unos de los puntos centrales en cuanto a la cadena de circulación de los productos y resta investigar si una fábrica de las mismas características a la encontrada en San Luis operaba en la jurisdicción.

Según ha trascendido, fue gracias al trabajo de investigación realizado en la región de Cuyo que se logró reconstruir el recorrido de la mercadería y la red de distribución, luego de meses de seguimientos, análisis de remitos y tareas de inteligencia.

Al parecer el negocio abarcaba no solo la producción de los cigarrillos sin regular, si no también la distribución a las provincias y a los distintos minoristas que tenían como clientes a lo largo del país. La investigación reveló además que los cigarrillos ilegales eran comercializados principalmente mediante operaciones en efectivo y que, en numerosos puntos de venta, la mercadería permanecía fuera de exhibición para dificultar los controles de las autoridades.

Debido a que desde las autoridades entienden que pueden estar en presencia de una verdadera mega organización criminal, el Ministerio Público Fiscal abrió actuaciones preliminares y encomendó tareas para identificar a los proveedores, los canales logísticos y el origen de la mercadería. De momento hay 5 imputados en la causa y se secuestró una importante cantidad de mercadería y equipamiento utilizado para la producción clandestina.