La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con la venta de las acciones de HINISA reabre un debate de fondo: quién controlará uno de los activos energéticos más importantes de la provincia y qué papel tendrá el Estado en la administración de un recurso estratégico como el agua.
Los Nihuiles no son únicamente un complejo hidroeléctrico. Representan una infraestructura clave para la generación de energía y forman parte del patrimonio de los mendocinos. La provincia es dueña del agua y de las centrales, dos elementos esenciales para producir electricidad y garantizar el abastecimiento energético.

La historia ofrece un antecedente que muchos recuerdan. Hace cuatro décadas, durante el gobierno de Felipe Llaver, Mendoza defendió el control sobre Los Nihuiles frente al gobierno nacional de Raúl Alfonsín. Aquella postura quedó como un símbolo de la defensa de la autonomía provincial sobre sus recursos.
Hoy el escenario parece ir en sentido contrario. La venta de las acciones implica, para quienes cuestionamos la medida, resignar el último espacio de soberanía provincial sobre un sistema estratégico.

Los puntos más cuestionados:
- Pérdida de control: la provincia dejaría de administrar directamente un activo considerado estratégico para el sistema energético mendocino.
- Falta de información: dos de las cuatro centrales permanecen fuera de servicio desde hace más de un año y medio, sin precisiones oficiales sobre el estado de las reparaciones ni los plazos para su recuperación.
- Regalías en juego: Los Nihuiles generaron durante años cientos de millones de pesos para Mendoza. Las dudas pasan ahora por el destino de esos recursos y por el beneficio económico que recibirá la provincia con la operación.
- HEMSA como antecedente: la concesión había quedado en manos de HEMSA, una empresa estatal creada precisamente para administrar el complejo. La venta de las acciones modifica ese esquema y abre interrogantes sobre el futuro del sistema.
- Impacto para los usuarios: una de las principales preocupaciones es que Mendoza pierda capacidad para garantizar energía suficiente y a precios razonables, dejando esa responsabilidad en manos del futuro operador.
La discusión excede una operación empresarial. Lo que está en debate es cuál debe ser el rol del Estado provincial en la administración de recursos estratégicos y si la transferencia del control de Los Nihuiles representa una oportunidad para mejorar el sistema o una pérdida de soberanía que los mendocinos podrían terminar pagando con menos capacidad de decisión, menor disponibilidad de energía y mayores costos.