No están votando una ley de ciberseguridad. Están votando un método de gobierno. No es la primera vez que pasa. Y, si nadie lo señala, tampoco será la última. En Mendoza parece repetirse un mismo mecanismo: primero aparece el negocio; después aparece la ley que lo justifica.
Cuando el proyecto llega a la Legislatura, la discusión ya no es si ese negocio debe existir, sino cómo administrarlo. La decisión importante ya fue tomada antes, lejos del debate público.
No hace falta imaginar reuniones secretas ni funcionarios repartiendo negocios. Los mecanismos modernos funcionan de otra manera. Se detecta una necesidad futura del Estado, se arma con tiempo la estructura empresaria capaz de prestar ese servicio y, cuando todo está listo, llega la ley.
La política parece decidir. En realidad, solo termina de vestir con lenguaje institucional una decisión que ya venía tomada. No es una teoría. Es un patrón.
Las investigaciones periodísticas vienen describiéndolo desde hace años en torno al gobernador Alfredo Cornejo. Empresas constituidas por su hijo Lautaro, socios que al mismo tiempo aparecen como contratistas o proveedores del Estado y sociedades con objetos sociales tan amplios que pueden participar prácticamente en cualquier negocio tecnológico o de servicios públicos.
No hace falta una condena judicial para advertir que existe un patrón que merece ser explicado. Una senadora lo denunció en la Legislatura en 2019. Organismos de derechos humanos lo llevaron ante Naciones Unidas en 2021. Y el patrimonio declarado por el propio gobernador nunca alcanzó para explicar el crecimiento patrimonial paralelo de su entorno familiar.
Después vino el caso de las historias clínicas electrónicas. Primero se aseguraron 85 millones de dólares del BID, garantizados con recursos de la Coparticipación Federal. Después llegó el debate.
Y el orden de los factores importa. Porque cuando el financiamiento ya está firmado, la política deja de decidir. Solamente administra una decisión previamente tomada.
Algo parecido ocurrió con la Ley 9578 de Seguridad Privada, impulsada por la ministra Mercedes Rus en 2024.
La norma reorganizó por completo un mercado que llevaba casi treinta años funcionando con otras reglas. Cuando finalmente fue reglamentada, varias empresas denunciaron aumentos de hasta un 300 % en los costos para poder seguir operando.
El efecto es conocido: cuando el Estado eleva las barreras de ingreso, quienes ya están adentro se fortalecen y quienes quieren competir quedan afuera. Y no es un dato menor que esa misma ley ya incorporaba la categoría de seguridad privada tecnológica.
Era el prólogo.
Hoy aparece el capítulo siguiente:el proyecto de Ley de Ciberseguridad. Y aquí el mecanismo resulta todavía más preocupante. Porque esta vez ni siquiera esperan a que exista una urgencia concreta. La urgencia queda escrita dentro de la propia ley. El artículo 40 modifica la Ley de Administración Financiera para que prácticamente toda contratación vinculada a la ciberseguridad pueda realizarse mediante un régimen de excepción.
En otras palabras, la excepción deja de ser excepcional. Pasa a convertirse en una forma permanente de contratar. Sin licitaciones abiertas. Sin competencia real. Con menos controles.
Como si eso fuera poco, el proyecto habilita la tercerización en prestadores privados elegidos con criterios tan amplios como eficiencia, escalabilidad o disponibilidad de capacidades, mientras el mismo organismo que dicta las reglas también controla, fiscaliza y sanciona.
Es juez, parte y administrador de la billetera pública.
No afirmo que exista hoy un beneficiario determinado detrás de este proyecto. Afirmo algo todavía más preocupante. Se está construyendo una arquitectura institucional perfecta para que, si ese beneficiario existiera mañana, resulte casi imposible demostrar que el sistema fue diseñado para favorecerlo. Ese es el verdadero problema.
Porque cuando la urgencia deja de ser una excepción y se convierte en un método, la transparencia deja de depender de las instituciones y pasa a depender exclusivamente de la buena voluntad del poder. Y la historia reciente de Mendoza demuestra que la buena voluntad nunca puede reemplazar a los controles.
Ojalá esta vez sea distinto.
Pero la experiencia enseña otra cosa. Cuando el negocio aparece antes que la ley, casi nunca es casualidad. Y cuando la excepción ya viene escrita dentro de la propia ley, ni siquiera se molestan en disimular el orden de los factores.
Por Rafael Moyano
