La declaración del Gobierno provincial de guerra a las "fake news" intimidando a la prensa libre, coincidió llamativamente la  instrucciones de la embajada estadounidense de “comprar periodistas, reporteros e influencers, según surge de un informe del diario inglés The Guardian. Casualidad que siembra dudas en el discurso estatal.

I. Un aviso que ya hicimos

En junio pasado, en esta misma columna, le dijimos al gobernador Alfredo Cornejo que tuviera cuidado. No era una advertencia retórica: el mandatario acababa de declarar la guerra a las "fake news" —anunciando acciones legales contra una red digital que lo criticaba— pocos meses después de que el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, sentado junto a él en la apertura del año judicial, "exhortara" a la prensa a moderar sus cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) calificó aquello de intimidatorio. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos coincidió. Y recordamos, con el archivo en la mano, que el mismo Cornejo había dicho en 2016 que "la pluralidad es una obligación" de toda democracia.

Aquella nota describía un fenómeno provincial: el poder político y judicial de Mendoza usando la categoría "desinformación" para deslegitimar preventivamente a la prensa crítica, mientras los grandes grupos mediáticos —beneficiarios históricos de la pauta oficial— quedaban exentos del mismo escrutinio.

Lo que en aquella nota no llegamos a decir —porque todavía no había ocurrido— es que, semanas más tarde, la misma palabra que usaban Garay y Cornejo iba a dejar de ser un asunto exclusivamente mendocino. Iba a aparecer, con nombre, apellido y respuesta oficial, en la conferencia matutina de otra presidenta de la región.

II. La misma palabra, otra escala

El 30 de marzo de 2026, The Guardian reveló un cable firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, instruyendo a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo a lanzar campañas coordinadas contra la "propaganda antiestadounidense", reclutando influencers, académicos y líderes comunitarios locales para que sus mensajes financiados "se sintieran orgánicos y no dirigidos desde el centro". Reuters confirmó el documento de forma independiente. El cable ordena además coordinar esas campañas con las unidades de guerra psicológica del Pentágono y señala a la plataforma X, de Elon Musk, como herramienta preferida.

Apenas tres días después, la agenda informativa argentina se llenó con otro episodio de la misma familia: una investigación de openDemocracy y un consorcio internacional reveló que una red rusa conocida como "La Compañía" había pagado unos 283.000 dólares para instalar cerca de 250 artículos en más de veinte medios digitales argentinos, con el objetivo de desgastar al gobierno de Javier Milei. La secretaría de Inteligencia argentina activó la denuncia el 2 de abril, en medio de una tormenta de escándalos de corrupción que sacudía al oficialismo —una coincidencia que no pasó inadvertida para nadie: la "amenaza rusa" llegó exactamente cuando el Gobierno más la necesitaba.

Cinco días más tarde, el 7 de abril, en Mendoza, el presidente de la Corte hablaba de responsabilidad periodística frente al gobernador. Cuatro días después, FOPEA salía a cuestionarlo.

Treinta días. Tres escalas de poder —global, nacional, provincial—. Una sola palabra: desinformación.

Pero el episodio que le dio cuerpo real a esa palabra —el que la sacó del terreno del cable filtrado y la convirtió en una escena concreta, con un mensaje real y una respuesta oficial en vivo— ocurrió siete semanas después, y no en Washington ni en Buenos Aires: en México, el 19 de mayo de 2026, en su conferencia matutina, la presidenta del país azteca Claudia Sheinbaum sorprendida por la pregunta de un periodista que exhibió un mensaje —enviado por la Embajada de EEUU en México— que lo invitaba a sumarse a una "iniciativa de combate a las falsas narrativas" comprando periodistas, reporteros e influencers. Sheinbaum no negó el contacto y ordenó a su canciller tomar nota y trazó un límite explícito, advirtiendo EEUU no debería avanzar en tal sentido sobre la política interna mexicana. 

Ese episodio importa para esta columna por una razón precisa: demuestra que, entre marzo y mayo de 2026, la instrucción del Gobierno de EEUU dejó de ser una pieza de archivo periodístico y pasó a ser una práctica verificable, con destinatarios de carne y hueso, en al menos un país de la región. Extrañamente, lo que en Mendoza se discutía en términos de "exhortación" y "fake news" ya tenía, siete semanas antes, su versión hemisférica confirmada por una presidenta en ejercicio.

III. Lo que la coincidencia no prueba, y lo que sí sugiere

Seamos honestos con el lector: no existe ningún documento que vincule el cable de Rubio con la exhortación de Garay ni con la denuncia de Cornejo contra Grupo Puma. Nadie en Washington le escribió un libreto a la Suprema Corte mendocina. Afirmar lo contrario sería exactamente el tipo de "fabricación de consenso" que esta columna denuncia.

Pero una nota de opinión no está obligada al estándar de la prueba judicial. Puede —y debe— proponer lecturas. Y la lectura que se impone es esta: en apenas un mes, tres poderes de naturaleza completamente distinta recurrieron al mismo léxico —"fake news", "desinformación", "propaganda hostil"— exactamente, cuando cada uno de ellos atravesaba una crisis de legitimidad que la crítica periodística agravaba. Trump en EEUU, tras el desmantelamiento de USAID (Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional) y en plena disputa de poder blando con China; Milei, en medio de escándalos de corrupción; Cornejo y Garay, con el caso D'Agostino todavía fresco y las dudas sobre la independencia judicial sin resolver; con una sospechosa administración de la pauta oficial.

La "guerra contra la desinformación" no es nunca solamente eso. Es, casi siempre, una gramática de poder que aparece en el momento exacto en que el poder necesita dejar de ser cuestionado.

IV. Por qué Mendoza no es un capítulo menor

Podría pensarse que la provincia queda al margen de la disputa geopolítica de fondo. No es así. Mendoza no recibió financiamiento de USAID —a diferencia de Colombia, que en 2023 concentró 389 millones de dólares del organismo— porque Argentina, junto con Uruguay, quedó fuera del mapa de esa arquitectura de "poder blando"; pero eso no significa que, Mendoza esté fuera del tablero: significa que su lugar en la disputa entre Washington y Beijing no pasa por el financiamiento a medios, sino por algo más tangible: el litio, el cobre y el gas.

El gobernador que declaró la guerra a las fake news es el mismo que, meses antes, viajaba a Nueva York invitado por Milei para ofrecer el potencial minero de Mendoza a fondos de inversión estadounidenses; el mismo que recibió en la provincia a la encargada de negocios de la embajada de EE.UU. para "posicionar a Mendoza ante inversores"; el mismo que impulsó en la Legislatura el proyecto de cobre San Jorge en medio de un fuerte rechazo social por el uso del agua en una provincia con estrés hídrico crónico. Todo esto ocurre en el marco de un acuerdo de comercio e inversión que Argentina y Estados Unidos firmaron en febrero de 2026, y que el propio Comando Sur (SOUTHCOM) enmarca —en su Declaración de Postura ante el Congreso— como parte de la disputa por "minerales críticos" frente a China.

No hace falta imaginar una orden secreta para advertir el patrón: cuando un territorio se integra a una estrategia de recursos que responde a intereses geopolíticos ajenos, el costo social y ambiental de esa integración —el agua, las comunidades, el territorio— tiende a quedar fuera del centro del debate público. Y la crítica periodística que podría poner ese costo en el centro es, precisamente, la que hoy se etiqueta de "desinformación".

Y ese costo no es una hipótesis lejana: es lo que Mendoza está viviendo ahora mismo, en dos tiempos verbales distintos. En presente: la Justicia imputó en mayo al presidente de AYSAM y a dos de sus gerentes por volcar líquidos cloacales de manera clandestina sobre un canal de riego en Los Corralitos, con cargos de contaminación del agua "de un modo peligroso para la salud" —mientras nuevas denuncias, semanas después, señalan vuelcos similares junto al humedal Leyes-Tulumaya—. En futuro: la Ley 7722, la norma que desde 2007 prohíbe el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera, sigue siendo percibida por buena parte de la sociedad mendocina como la última barrera frente a un modelo extractivo que, proyecto a proyecto, presiona por correrla un poco más. San Jorge todavía no usa cianuro (o al menos eso dice); pero la desconfianza que despierta en la ciudadanía -la que llevó a miles de personas a marchar reiteradas veces por las calles de Mendoza- es exactamente, la misma desconfianza que un gobernador debería tener de avanzar en políticas de censura a la prensa libre.

Cuando el agua de hoy y el cianuro de mañana son la principal preocupación de una provincia, la pregunta que un poder político debería hacerse no es cómo callar a quien denuncia, sino por qué hay tanto para denunciar.

V. Tenga cuidado, otra vez

Se lo dijimos en junio y lo repetimos ahora, ampliado: gobernador, tenga cuidado. No solo porque la Constitución protege con mayor intensidad la crítica dirigida a quienes gobiernan —como acaba de recordar la Cámara Federal de Casación Penal al confirmar el sobreseimiento de Jorge Rial—, sino porque la historia de esta región enseña que cada vez que el poder decidió qué información merecía ser considerada verdadera, terminó decidiendo también qué costos sociales merecían ser considerados invisibles.

La censura, decía el poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra, "enmascara la corrupción". En Mendoza, en 2026, también podría estar enmascarando algo más: el precio real —económico, social e hídrico— de una integración que se negocia puertas adentro mientras, puertas afuera, se le explica al mundo que Mendoza es solo cobre, vino y previsibilidad fiscal.

Entre el cobre que se promete a los inversores y el silencio que se le exige a los que denuncian, hay una sola provincia, con escasos ríos en situación de crisis y población demandante de un recurso cada más preciado, y una sola pregunta pendiente de respuesta:  a quién le sirve, el silencio que Ud y la Suprema Corte de Justicia exigen a los medios independientes y en definitiva a toda la ciudadanía?