Los datos fiscales correspondientes al primer semestre del año 2026 exponen un escenario de severas dificultades para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este organismo, responsable del pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, cerró la primera mitad del ejercicio con un déficit del 27,3%, una brecha que obligó al Tesoro Nacional a realizar transferencias extraordinarias por un total de $7,5 billones para sostener el pago de los beneficios de protección social.
Este desequilibrio se produce, paradójicamente, en un contexto de deterioro del valor de las prestaciones y de la cobertura previsional vía eliminación de moratorias. Este último dato lo confirma la reciente publicación de la Subsecretaría de la Seguridad Social que muestra una caída del 45% de nuevos jubilados en el primer semestre del 2026, y el mismo periodo del último año, pasando de 181.549 a 99.673.
De esta manera, mientras que el “gasto” en protección social tuvo una disminución del 1,34% en términos reales, la recaudación disminuyó muy por encima de ese número, un 4,42%. Esto demuestra a las claras que el ajuste previsional no sólo daña el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, sino que también genera las condiciones para un colapso de la capacidad de recaudación del sistema.
Al analizar la recaudación de este primer trimestre, no sólo vemos la disminución de un 6,94% y 4,83% en Aportes Personales y Contribuciones Patronales respectivamente, sino que también se observa una caída en los principales recursos tributarios: IVA -7,39% y Débitos y Créditos Bancarios -3,64%. Solamente se observa un incremento en el Impuesto a los Combustibles (+17,34%) por el aumento del valor del litro, lo que no alcanzó a compensar al resto, mostrando la recaudación tributaria un resultado final de -2,15%.
Desde la aprobación de la Reforma Laboral en febrero de este año, se observan 44.000 puestos de trabajo registrados menos, y 324.513 en total desde la llegada de Milei al Gobierno Nacional.
Estos números ponen claro que tanto la Reforma Laboral como la Ley Bases impulsadas en el Congreso por Bullrich y Sturzenegger con los votos de sus "aliados" (al igual que en los 90 y en el 2000) sólo quitan derechos y ajustan a trabajadores y jubilados para beneficiar a sus amigos y jefes.
La eliminación de multas y condonación de deudas por empleo no registrado, así como la implementación de regímenes de privilegio como el RIGI o el SUPER RIGI no sólo engrosan los bolsillos de unos pocos, sino que también disminuyeron la cantidad de aportantes al sistema.
No tengo dudas de que quienes hicieron este ajuste serán los mismos que, en un tiempo, dirán que el Sistema Previsional no es sustentable y que, con las recetas del FMI, tienen la solución al problema, pero esta requerirá más “esfuerzos” del pueblo.
El déficit del primer semestre no es un fenómeno coyuntural aislado, sino la manifestación de un modelo que debilita simultáneamente las dos columnas que sostienen al sistema previsional: el trabajo registrado formal y la recaudación fiscal progresiva. Pretender corregir el desequilibrio mediante el ajuste recurrente sobre el valor de las jubilaciones genera un círculo vicioso de caída del consumo, menor recaudación impositiva y mayor necesidad de asistencia del Tesoro.
Para restituir la sostenibilidad de la ANSES sin resignar la cobertura ni la suficiencia de los haberes, resulta indispensable implementar políticas orientadas a la recomposición del salario real, el combate efectivo a la informalidad laboral sin desestructurar la base contributiva, y la consolidación de un esquema tributario progresivo que blinde las asignaciones específicas de la seguridad social frente a los ciclos recesivos.
Por Carlos Gallo, ex titular regional de Anses Mendoza y miembro de Secasfpi
