La controversia protagonizada por la vicegobernadora Hebe Casado con motivo de sus declaraciones  de neto corte “racista” respecto de la selección francesa de fútbol a la que tildó de “africana” ha puesto nuevamente en el centro de la escena al gobernador y su llamativo silencio ante las crisis provocadas por el criterio con el elige a sus funcionarios. Esta conducta vuelve a poner en evidencia una práctica que, con el paso de los años, parece haberse consolidado como una forma de administrar las crisis políticas en Mendoza: el silencio. 

No un silencio casual ni producto de la prudencia, sino un silencio deliberado que evita fijar límites, asumir responsabilidades políticas o enviar señales claras a la sociedad sobre los estándares éticos exigibles a quienes ejercen el poder.

Los gobiernos serios no sólo se definen por las decisiones que adoptan, sino también por aquellas que deciden no adoptar.

En una democracia republicana, el silencio puede ser una herramienta de prudencia para evitar juicios apresurados o impedir que un conflicto escale innecesariamente pero, cuando se convierte en la respuesta sistemática de sus gobernantes frente a hechos de indudable trascendencia pública, deja de ser una simple estrategia comunicacional para transformarse en una verdadera política de gobierno.

Ese parece ser uno de los rasgos más persistentes de las administraciones encabezadas por Alfredo Cornejo.

Las expresiones de Hebe Casado sobre la selección francesa y Kylian Mbappé provocaron un conflicto que trascendió las fronteras del país y derivó en una reacción diplomática inédita. 

La vicegobernadora de Mendoza fue declarada persona “non grata” por la República de Francia y dicha sanción no es un tema menor pues, afecta directamente a la provincia, conforme surge de las Convenciones de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y de 1967 sobre relaciones consulares.

Así, la funcionaria tiene prohibido el ingreso a la sede de la embajada francesa y no puede formar parte de ninguna actividad oficial organizada por esa representación diplomática. Igualmente, ningún funcionario de la delegación de Francia mantendrá reuniones de trabajo con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora está presente en los encuentros. Y todo ello, hasta tanto MENDOZA –en la persona de su Gobernador- NO SE RETRACTE de los dichos de la vicegobernadora.

En tal sentido es necesario tener en cuenta que, Mendoza mantiene (o mantenía) una estrecha relación económica, turística y académica con Francia (Vitivinicultura de alta gama;  Biotecnología agrícola;  Minería –litio y cobre-; Transferencia tecnológica en el agro: Intercambio Técnico IUT-ITU; Programa ARFITEC y todo ello, sin mencionar que Malargüe tiene el Observatorio “Piere Auger” el proyecto científico de detección de rayos cósmicos más grande del mundo). 

Está demás decir que, el desplante de la vicegobernadora cierra los canales institucionales directos entre la provincia y la delegación gala. Semejante escenario, obliga al Gobernador a romper el silencio y retractarse públicamente. No se lo exige sólo Francia se lo demanda TODO EL MUNDO si quiere actuar dentro de las normas de la comunidad internacional.

Consecuente con ello, entiendo que el mutismo de la autoridad máxima de la Provincia sólo podría deberse a varias razones: que sea producto de un mecanismo de defensa inconsciente del Gobernador o; porque comparte el exabrupto racista de la vicegobernadora o finalmente, porque es “un ser autoritario” que entiende que está al margen de la crítica social.

Dada la reiteración de hechos provenientes de las crisis generadas por el actuar violento, misógino o xenófobo de sus funcionarios, me inclino por pensar que, la mudez sostenida por el gobernador es producto de un sistema de autodefensa oculto tras una personalidad temerosa o endeble (quizás por eso también, se rodee de personas de rasgos violentos que le puedan aportar un “halo de seguridad”)

En psicología se entiende a dicha conducta como una estrategia de “supervivencia temporal” diseñada para proteger la mente del colapso frente a un estrés abrumador, permitiendo ganar tiempo para procesar la realidad. Sin embargo, se vuelve problemática cuando se cronifica y la persona esquiva sistemáticamente cualquier conflicto o emoción. Esto suele señalar una falta de herramientas emocionales o de intolerancia al malestar.

Partiendo de dicha idea, hurgué en los archivos las conflictivas designaciones del Gobernador y percibí en todas ellas un patrón común…

Uno de los antecedentes más simbólicos es el de Jaime Correas. Mientras se desempeñaba como director periodístico de Diario Uno, la Tercera Cámara del Trabajo de Mendoza el 26 de noviembre de 2015 tuvo por fehacientemente acreditada la existencia de violencia psicológica y laboral ejercida de manera sistemática contra una periodista (Nora Quiroga). 

Prescindente de ello, el Gobernador premió a Correas al proponerlo como Director General de Escuelas (DGE) en diciembre del 2015, colocándolo al frente de una de las carteras más sensibles del Poder Ejecutivo provincial. 

Esta designación fue el anticipo de lo que serían los futuros nombramientos del Gobernador.  Así aconteció con el exministro de Salud de Mendoza (R.G.), denunciado penalmente en enero de 2017 por su pareja por lesiones leves en contexto de violencia de género, hecho por el cual se vio obligado a renunciar a su cargo.

Acto seguido, a fines del 2017 fue el exsubsecretario de Trabajo (A.J), denunciado por abuso sexual simple (manoseos, tocamientos sin consentimiento) de empleadas de la citada repartición. Dicho funcionario resistió en su cargo –con el apoyo del Gobernador- hasta el 2018, cuando finalmente debió renunciar, por el avance de las causas penales que determinaron su condena en el 2023.  

Posteriormente, fue el exministro de Seguridad del gobernador  (G.V.), contra el que se dispusieron (2018) severas medidas restrictivas (prohibición de acercamiento y acceso físico o virtual, por violencia intrafamiliar y violencia de género de larga data.

Ese mismo año (2018), un funcionario del Instituto Universitario de Seguridad Pública (C.S.) vinculado al Sr. Gobernador, fue denunciado penalmente por lesiones y amenazas contra una mujer trabajadora del organismo que, luego de ello fue despedida. Las acciones judiciales iniciadas por la víctima determinaron la condena del estado provincial y del funcionario (C.S.).

Otro tanto igual aconteció con el Director del mismo instituto (A.A.) que, luego de denuncias por violencia de género acontecidas en los 2016-2018, fue removido del cargo en el 2021, a consecuencia de una medida cautelar de la Tercera Cámara laboral.

Finalmente y como corolario de esta extensa y llamativa seguidilla de casos de abusos, se produjo la renuncia del exsubsecretario de Justicia de Mendoza, (Marcelo D´Agostino), quien fue denunciado por abuso sexual (2026) y amenazas por su expareja.

Como se verá, el rasgo común no parece ser únicamente que varios funcionarios hayan sido denunciados por hechos vinculados con violencia de género, abuso o violencia laboral; hay algo más… en la selección priorizado un tipo de personalidad por sobre la decencia y la idoneidad.

Frente a todas estas causas y todos estos hechos aberrantes, el gobernador ha guardado silencio. 

Si bien es cierto que, no todos estos hechos son iguales, no poseen la misma naturaleza jurídica ni la misma gravedad y equipararlos sería un grave error; también sería un error ignorar que, todas estas personas fueron designadas por el Sr. Cornejo.

En otras palabras, el gobernador  -a lo largo de todas sus gestiones- con su mutismo ha evadido asumir la responsabilidad política de sus polémicas designaciones y no conforme con ello, ha continuado eligiendo a sus equipos de trabajo con el mismo criterio (violentos, xenófobos y misóginos).

Ahora, lamentablemente (para el Gobernador), deberá abandonar su “zona de confort” (el silencio), y deberá pronunciarse públicamente (y en debida forma) pues, los mendocinos padeceremos las consecuencias de los dichos de su vicegobernadora, quien con sus comentarios xenófobos y vulgares difundidos en redes sociales ha arrastrado a Mendoza a un conflicto diplomático tras ser declarada "persona non grata" por la Embajada de Francia; y no conforme con ello, la misma funcionaria sostuvo públicamente que: “…no se arrepiente y no tiene que rectificarse de nada…”

La primera magistratura de un Estado no solo se ejerce dictando decretos, sino eligiendo funcionarios decentes; y quien asume la responsabilidad de guiar los destinos de una provincia como Mendoza, debe entender que cada nombramiento es, en sí mismo, un acto de gobierno y una declaración de principios.

La idoneidad moral debe ser un requisito innegociable para ocupar un cargo público. El racismo expresado por Hebe Casado es inaceptable desde todo punto de vista pues, los gobernantes deben ser un referente de los valores constitucionales, la inclusión y el respeto hacia todos los seres humanos. La constitución nacional y los tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial proscriben este tipo de expresiones.

Así, cuando un funcionario viola la ley, corrompe su función apartándose del mandato ético y quien conduce el Estado, debe corregirlo y marcar el rumbo ético de su administración en forma explícita. 

Por ello, de acuerdo con el Artículo 128 de la Constitución de Mendoza, el Gobernador -como jefe supremo del Poder Ejecutivo y responsable absoluto de la administración general de la provincia- debe CENSURAR a CASADO y RETRACTARSE PUBLICAMENTE por sus expresiones discriminatorias.

Como sostuvo Max Weber en La política como vocación, la verdadera acción política se rige por la ética de la responsabilidad, aquella que obliga al líder a responder por las consecuencias previsibles de sus actos de gobierno y alianzas. 

En el marco de nuestro diseño institucional, la autoridad máxima es inseparable de la rendición de cuentas y asumir la responsabilidad política por los desvíos de la vicegobernadora es el costo ineludible de ejercer el cargo de Gobernador.

Al haber seleccionado y validado a la vicegobernadora como su compañera de binomio ante el electorado, Alfredo Cornejo no puede eludir sus obligaciones ni amparándose en su característico mutismo como tampoco en una carta que en ningún párrafo menciona a la vicegobernadora ni pide disculpas por el exabrupto de la misma; más aún, teniendo en cuenta el escándalo institucional de trascendencia internacional que tales dichos (y su conducta posterior) han provocado.

Las administraciones no son entes abstractos ni compartimentos estancos; tienen rostro, nombre y apellido. Ante la ciudadanía, los cargos electos —y de forma destacada la fórmula de gobierno— actúan como un indicador irrefutable, aunque molesto, del estilo de liderazgo provincial.

Al final del día, cada ministro o la misma vicegobernadora, no son más que el reflejo directo de las decisiones de estado, los valores democráticos y la “catadura moral” del Gobernador que avaló su presencia en la cúspide del Estado mendocino.