Los tsunamis (serie de olas poderosas y destructivas) no comienzan cuando la ola golpea la costa. Comienzan mucho antes, cuando el mar se retrae lentamente y deja al descubierto todo aquello que se oculta bajo las aguas.  Es una escena estremecedora que pocos alcanzan a comprender hasta que ya es demasiado tarde. En Mendoza ocurrió algo parecido.

En nuestra realidad, ese vacío —tan doloroso y cruel— no es obra de la naturaleza, sino de un Estado que, mal administrado por las distintas fuerzas políticas sin excepción, ha sido vaciado de sentido. Al hacerlo, se ha abandonado a los ciudadanos a su suerte, privándolos del resguardo social, político y económico que todo Estado ineludiblemente debe garantizar

De este modo, desprotegieron los salarios, las jubilaciones, el acceso a una vivienda digna, a la salud pública y a un empleo decente. En definitiva, le dieron la espalda al bienestar general de los mendocinos, ensañándose con los sectores más vulnerables, que pasan a ser recordados únicamente cuando llega el momento de “rogarles” el voto.

Asimismo, la falta de políticas públicas integrales y la falsa empatía de los dirigentes con sus votantes, desencadenaron una crisis humanitaria ocultada por el gobierno con la complicidad de los medios de comunicación solventada con nuestro dinero.

Con la llegada del invierno, la consolidación de la ola polar y el retraimiento del estado, quedó al desnudo una profunda desigualdad: familias enteras buscando comida y abrigo entre la basura; refugios e iglesias desbordadas; hospitales públicos saturados y el colapso de calles y servicios básicos. Todo ello, agravado por el incremento de enfermedades respiratorias, intoxicaciones por monóxido de carbono y quemaduras por sistemas precarios o defectuosos de calefacción.

Hombres, mujeres, niños y ancianos recorrían las veredas buscando cualquier rincón donde protegerse del frío, el viento y la lluvia. No esperaban una solución, tan sólo aguardaban la llegada del día siguiente con la esperanza de que fuese menos doloroso que el anterior.

Mientras el relato oficial intentaba disimular la triste escena social con discursos evasivos, la miseria esparcida en la ciudad, desnudaba la verdad. Este alejamiento deliberado del gobierno con el sufrimiento real de la gente encontró su correlato en las mediciones territoriales, donde la realidad terminó por imponerse sobre la propaganda política. 

Sólo esa imagen debería bastar para avergonzar a toda la dirigencia política. Sin embargo, la realidad fue mucho más allá de lo imaginable. Sí, también dejó muertes a su paso.

No es una escena de la Europa retratada por Víctor Hugo en Los Miserables. No pertenece a un país devastado por una guerra genocida.  Es Mendoza. Julio de 2026.

Las organizaciones sociales ya habían denunciado en abril que la cantidad de personas en situación de calle superaba ampliamente las engañosas cifras oficiales. 

Mientras el gobierno anunciaba la “inauguración de refugios de emergencia” y la implementación de “operativos especiales contra el frío” —pretendiendo convencer a la sociedad de su preocupación por la contingencia climática con esos términos pomposos—, la realidad de su gestión evidenciaba su hipocresía pues, en paralelo, autorizaba un nuevo ajuste en las tarifas eléctricas y ordenaba a sus legisladores nacionales votar la derogación del régimen de “Zona Fría”, lo que también implicaría el incremento del gas en la factura de los usuarios.

Lejos de ser una contradicción aislada, este ahogo tarifario se complementó con el vaciamiento, por parte del ejecutivo nacional (con el acompañamiento provincial), de organismos públicos estratégicos como el CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional, desmantelando de este modo las herramientas científicas y técnicas esenciales para prever y enfrentar contingencias de semejante magnitud.

Esta serie de “olas” no explican por sí solas esta desgracia, pero juntas describen algo mucho más aterrador: nuestra sociedad vive una catástrofe social. Un tsunami ciudadano.

Frente a esta realidad, el debate urgente ya no pasa solo por los costos, sino por la dignidad humana y de la garantía de que la energía deje de ser un lujo para seguir siendo un derecho.

Porque la intemperie no empieza cuando alguien duerme sobre un cartón. Empieza cuando una familia descubre que ya no puede pagar la calefacción o el alquiler. Cuando una hornalla reemplaza a una estufa. Cuando un brasero improvisado parece menos peligroso que pasar otra noche con temperaturas bajo cero. Cuando las ventanas se sellan con nylon para impedir que entre el frío, aunque también quede atrapado el monóxido de carbono. Cuando una madre decide acostar a sus hijos con la campera puesta porque la habitación nunca se entibia.

Esta dolorosa realidad tiene un nombre preciso: pobreza energética. Se trata de esa frontera invisible donde la carencia ya no se mide únicamente por los ingresos económicos, sino por la capacidad vital de sobrevivir al frío. 

En este escenario, el drama de la exclusión adopta diferentes rostros: están quienes ya perdieron el techo, quienes todavía logran conservarlo, y aquellos que, en el extremo más trágico, perdieron la vida; pero todos, sin excepción, forman parte del mismo mapa del desamparo.

Por eso resulta obsceno reducir el debate a una discusión estadística. Poco importa si las personas en situación de calle son cuatrocientas, seiscientas o más de mil. Ningún gobierno “inaugura refugios” porque las estadísticas sean satisfactorias. Los abre porque la realidad terminó imponiéndose sobre el relato.

Para entender lo que ocurre este invierno, pensemos en una casa que tiene una grave filtración en el techo: poner baldes para juntar el agua evita que la casa se inunde hoy, pero no arregla el techo. 

Eso mismo pasa con la respuesta del gobierno. Los refugios de emergencia, aunque son imprescindibles para salvar vidas en lo inmediato, representan en el fondo una dura confesión: confirman que las políticas de vivienda y economía fracasaron. 

Una cama en un refugio puede evitar que una persona muera congelada en la calle, pero de ninguna manera puede devolverle una vida digna ni un proyecto de futuro.

Detrás de esto hay una lógica estatal que este invierno quedó brutalmente expuesta. Cuando la exclusión social se profundiza, las prioridades de los gobernantes sufren un cambio peligroso. En lugar de atacar las verdaderas raíces políticas, económicas y estructurales que generan la desigualdad, la respuesta oficial abandona el problema de fondo.

Es un círculo vicioso. Se abren más refugios simplemente porque el número de personas en situación de calle aumenta; colapsan los hospitales públicos porque la demanda médica supera la capacidad operativa dado que, el deterioro de la clase media ha propiciado el engrosamiento del número de pacientes; y se despliegan operativos de emergencia de último momento porque la degradación social es tan grande que ya no puede disimularse. 

Al final, se financia el “parche perpetuo” para no asumir el fracaso de las políticas socioeconómicas implementadas.

En este escenario de vulnerabilidad, la desesperación suele canalizarse hacia la violencia y el delito, creando un clima de inseguridad creciente. Frente a esto, el Estado vuelve a aplicar una receta predecible: más policías, más patrulleros, más construcción de cárceles y un endurecimiento general del aparato represivo. 

En definitiva, se convierte en un gestor de las trágicas consecuencias derivadas de decisiones económicas y sociales que nunca está dispuesto a revisar, priorizando siempre la satisfacción de las pretensiones del poder real.

Es fundamental desmontar el discurso que intenta camuflar la injusticia o la desigualdad como consecuencia del acaecimiento de fenómenos meteorológicos. La naturaleza se desenvuelve conforme a las leyes físicas, químicas y biológicas y nada tiene que ver con las políticas sociales y económicas que adopta un Estado.

Contrariamente, las decisiones políticas son las que determinan con precisión quiénes quedan desamparados ante las catástrofes naturales; del mismo modo que es el poder político y económico el que define quiénes quedan fuera del sistema de producción, consumo y servicios. 

En otras palabras, son los gobernantes quienes dictaminan quiénes tienen derecho a VIVIR con plenitud y quiénes están condenados a SOBREVIVIR en los márgenes del sistema, expuestos no sólo a las inclemencias del tiempo sino también y muy especialmente, a los efectos devastadores de las políticas oficiales.

De tal forma, el invierno terminará, las temperaturas volverán a subir y el rigor del clima dará una tregua. Consecuentemente, los refugios de emergencia cerrarán sus puertas hasta la próxima crisis estacional; la población carcelaria –quizás- experimente un leve descenso y las cámaras de los noticiarios dejen de recorrer la ciudad buscando la espectacularidad de la miseria.

Sin embargo, la ausencia de cronistas no significará la ausencia de dolor. Cuando el foco mediático se apague y la urgencia climática retroceda, el verdadero tsunami social continuará su marcha de destrucción silenciosa. La pobreza, la exclusión y la descomposición del tejido comunitario seguirán estando allí.

Porque el verdadero desastre no comenzó cuando bajó la temperatura; muy por el contrario, comenzó cuando la clase política dejó de prevenir, para limitarse a contener; cuando la inclusión, fue reemplazada por la emergencia permanente; cuando el Estado dejó de ser el garante de derechos, para convertirse en el administrador de la exclusión y el hambre.

Y ese tsunami no se detiene cuando vuelve el sol. Se detendrá recién el día en que ningún mendocino ni mendocina tenga que elegir entre revolver la basura para comer, dormir sobre un cartón o encender un brasero sabiendo que cualquiera de esas tres decisiones puede costarle la vida…