Esta semana, mientras salía de Tribunales, vi a un juez –recientemente implicado en filtraciones de conversaciones privadas-, tomando un café en una confitería del área de tribunales.
No había escándalo.
No había tensión.
No había incomodidad.

La escena transcurría con absoluta normalidad y fue precisamente eso, lo que más me inquietó. No porque un juez no pudiera tomar un café; sino porque, resultaba difícil comprender cómo este magistrado -sacudido por denuncias de extrema gravedad que él mismo había reconocido- pudiera ofrecer una imagen de absoluta tranquilidad, mientras la sociedad continúa esperando una respuesta institucional.
Las filtraciones de las charlas privadas de los jueces, la clandestinidad de las mismas y lo peor, el desembozo del citado juez al reconocer que lo había hecho para que un exfuncionario -denunciado por abuso sexual a su ex pareja- pudiera recusar a otra juez y todo ello, so pretexto de ser “su” amigo, aparentemente habían quedado en la nada. 
El recuerdo surgió de inmediato. Pocos días atrás, un joven de San Martín había sido condenado por violar y amenazar a su expareja en febrero de este año. 
El contraste procesal con el caso D’agostino era evidente pues, para denuncias efectuadas contemporáneamente por delitos semejantes (cuando no, idénticos) los autores recibieron un trato diferenciado tanto en cuanto a las medidas preventivas como a la celeridad del proceso.
Más allá de los entretelones de cada una de causas y de las pruebas existentes en las mismas; surge evidente que para los funcionarios, el trámite es desigual que para el resto de los mortales pues, para este tipo de ilícitos hay circunstancias que deben ser valoradas por los jueces y fiscales a los fines de determinar la libertad o detención del implicado; tales como, el arraigo laboral (tener un empleo) o el riesgo de que el presunto delincuente pueda entorpecer la investigación…
Nadie sabe de qué vive D´agostino -luego de su renuncia y después de tantos años en la función pública- pero, si se sabe que utilizó las filtraciones de este juez para apartar a una magistrada…
Me pregunté en ese mismo instante, qué sentiría la denunciante de D´agostino, al ver -tan plácidamente sentado, degustando un café- al juez que ayudó a este ex funcionario a eludir a la justicia sustrayéndose de la acción de la misma, entorpeciéndola y que hoy, está en libertad. 
Es más, me preguntaba qué sentirían las mujeres mendocinas que contemplaran esta escena… preferí no contestarme pues, la respuesta sería tristemente devastadora.
Las investigaciones seguirán su curso y así, debe ser. Nadie reclama condenas anticipadas. Nadie pretende reemplazar el debido proceso por el juicio mediático sólo se espera del Poder Judicial: “…la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo."
Sin embargo, tampoco puede ignorarse que, a raíz de este caso, el Poder Judicial de Mendoza atraviesa una de las mayores crisis de credibilidad de su historia reciente. En este escenario, no está en discusión únicamente la conducta aislada de un magistrado; el problema es de una dimensión mucho más profunda. Lo que realmente se pone en juego es la confianza de los y las mendocinas en la Justicia provincial.
Cuando el pacto de confianza entre el Estado y la ciudadanía se agrieta, se resquebraja el pilar fundamental que sostiene la paz social: la igualdad ante la ley. 

Este principio constitucional establece que todas las personas deben ser tratadas con el mismo rigor y amparo, sin privilegios ni discriminaciones por motivos de género, religión, origen o condición económica. 
Permitir que la duda se instale en la Justicia equivale a tolerar asimetrías que hacen peligrar la cohesión social. Por ello, la vigencia de nuestra Constitución Nacional radica en evitar toda arbitrariedad, asegurando la verdadera justicia y protegiendo la dignidad de cada ciudadano.
Cada día que transcurre sin una señal clara de conducción institucional profundiza la desconfianza pública, transformando la crisis de un sector en un descrédito sistémico. La ciudadanía ya no juzga únicamente a jueces o fiscales penales de manera aislada; percibe a todo el Poder Judicial como una corporación ajena a sus necesidades, asimilable a una casta con privilegios.
Esta desconexión institucional provoca una devaluación generalizada de todos los fueros, cuyas consecuencias impactan de forma directa en las realidades más vulnerables y dolorosas de la sociedad. La falta de respuestas claras desampara a la mujer que acude a un tribunal en busca de protección urgente frente a la violencia; posterga al niño cuya vida y bienestar dependen de una resolución inmediata; desprotege al trabajador que reclama una indemnización justa tras un accidente laboral, y deslegitima al defensor ambiental que, lejos de ser escuchado en sus demandas, termina siendo castigado por el propio sistema.
En definitiva, este temor lo sufre cada mendocino y mendocina que cruza las puertas de Tribunales aspirando vanamente encontrar una Justicia independiente, transparente y ajena a los privilegios.
Por ello, la discusión actual ya no gira en torno a los tecnicismos de un expediente. La verdadera cuestión apunta directamente a quienes tienen la responsabilidad de conducir el Poder Judicial. 
La Suprema Corte de Justicia no es un mero tribunal que resuelva causas; es también la institución que custodia de su propio prestigio. 
Gobernar un cuerpo de esta magnitud significa comprender que, en determinados escenarios, el silencio institucional deja de ser prudencia y puede llegar a convertirse peligrosamente en connivencia.
Renegar del deber de “levantar el guante” que deja el caso el caso D´agostino, dejando pasar el tiempo con la esperanza de que la ciudadanía olvide todo lo que ha pasado es tanto como, querer “enterrar la cabeza” para no ver la realidad o no escuchar al pueblo; pensando que de esa forma, se está a resguardo y eximido de toda crítica o responsabilidad social.
No se trata de prejuzgar, ni de interferir en investigaciones que deben desarrollarse con absoluta autonomía. Se trata, pura y exclusivamente, de ejercer el liderazgo institucional que la sociedad mendocina exige a quien encabeza uno de los tres poderes del Estado y que, en definitiva es el garante de la paz social. 
Las grandes instituciones republicanas no se fortalecen ocultando sus crisis o siendo indiferentes a las mismas, sino enfrentándolas con total transparencia, autoridad moral y ejemplaridad.

La ciudadanía de Mendoza no reclama privilegios ni exige condenas anticipadas. Demanda, simplemente, que sus autoridades judiciales comprendan la dimensión histórica del momento, respondan a sus necesidades y que en definitiva, estén a la altura de las circunstancias. 
La legitimidad de la justicia no emana únicamente de sus fallos, sino de la confianza que la sociedad deposita en ella. Cuando el máximo tribunal elige el silencio, no solo abdica de su responsabilidad de proteger las instituciones, sino que quiebra el pacto democrático con el pueblo de Mendoza. 
La historia no juzga a sus jueces por el refugio que encontraron en sus despachos, sino por el coraje con el que defendieron la VERDAD y LA JUSTICIA. 
La Suprema Corte de Mendoza tiene hoy la oportunidad histórica de liderar con el ejemplo o de permitir que el silencio siga hablando por ella. 
El tiempo y la ciudadanía sabrán juzgar qué valor tuvo cada palabra callada…