En el año 2018, Mendoza se posicionó a la vanguardia nacional al sancionar la Ley N° 9086, convirtiéndose en pionera en la regulación del transporte a través de plataformas digitales. Aquella legislación ordenó un mercado naciente, brindando un marco de legalidad que benefició tanto a los usuarios como a miles de mendocinos que encontraron en este sistema una salida laboral y una solución a su problema de transporte. Sin embargo, el dinamismo de las modalidades delictivas en los últimos tiempos ha transformado esta actividad en una tarea de altísimo riesgo. Hoy, la realidad muestra que el robo a choferes de aplicaciones es uno de los delitos que más se ha incrementado en la provincia, concentrándose de manera preocupante en los departamentos del Gran Mendoza. Ante este panorama, es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto y colabore activamente aportando herramientas institucionales que protejan la vida y la integridad física de los conductores. Por eso cobra una enorme relevancia el proyecto de ley presentado por el diputado Lucas Ilardo, del Bloque Fuerza Patria, el cual busca subsanar de manera urgente el vacío tecnológico y legal que expone a los trabajadores al anonimato de las calles.  

Lo verdaderamente innovador de esta propuesta es que sale de la solución habitual y simplista de declarar "zonas rojas" o catalogar ciertos barrios como "inseguros". Esa vieja receta estatal no solo no logra solucionar la problemática de fondo, sino que lo único que hace es estigmatizar a los vecinos de esos lugares, privándolos del acceso al transporte y cargándolos de más problemas en su vida cotidiana. En lugar de aislar sectores enteros de la población por el miedo, este proyecto utiliza la tecnología para erradicar el peligro de raíz, permitiendo que los viajes sigan realizándose en cualquier rincón de la provincia pero bajo un entorno seguro y transparente.

El principal desafío actual radica en la facilidad con la que se pueden sortear los registros de seguridad en el sistema. Mientras que los conductores asociados cumplen de manera rigurosa con validaciones biométricas y certificados de antecedentes penales para poder operar, el registro de los usuarios pasajeros ha mantenido un esquema comercial mucho más flexible. Esta asimetría permite que se creen cuentas falsas o perfiles de fantasía en pocos segundos, utilizando nombres ficticios y chips telefónicos prepagos, una modalidad que lamentablemente suele utilizarse para coordinar viajes con pago en efectivo y cometer ilícitos. No se trata de cuestionar el modelo de negocio de las plataformas de transporte, sino de equiparar los estándares de seguridad. Si los mecanismos de validación de identidad ya son una regla común y de éxito comprobado para operar en aplicaciones financieras o gestionar trámites cotidianos, resulta sumamente lógico y necesario aplicarlos también cuando lo que está en juego es la seguridad de una persona al volante.  

Lo valioso del proyecto presentado por Ilardo es que plantea una solución técnica, viable y que aprovecha la infraestructura digital existente sin generar fricciones innecesarias. La propuesta consiste en que las plataformas integren de forma obligatoria la verificación de la Identidad Digital de los usuarios a través de los sistemas oficiales del Estado, como Mendoza por Mí o Mi Argentina. De este modo, el chofer tiene la tranquilidad de saber que la identidad del pasajero ha sido efectivamente validada.

Cabe destacar que la norma cuida minuciosamente la privacidad de los ciudadanos, ya que prohíbe explícitamente que las empresas almacenen o procesen datos biométricos, limitando el cruce de información a un simple estado de verificado o no verificado. Asimismo, la iniciativa contempla la realidad operativa de las compañías al otorgarles un plazo prudencial de sesenta días corridos para adaptar sus aplicaciones, y resalta por su nulo costo fiscal, ya que la fiscalización se realizará bajo la estructura actual del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP). Como complemento justo, se le otorga al conductor el derecho de aceptación de viaje, permitiéndole decidir de forma exclusiva si desea trasladar a un usuario no verificado, sin recibir por ello penalizaciones o bajas en su calificación dentro de la plataforma.  

Mendoza tiene la oportunidad histórica de revalidar su rol de pionera en materia de transporte. Así como en 2018 demostró liderazgo político al regular de forma moderna la movilidad digital, hoy debe volver a ponerse a la cabeza mediante la creación de herramientas conjuntas tendientes a dar seguridad. Proteger a los ciudadanos y garantizar condiciones seguras para el desarrollo del trabajo es una misión primordial en la que el sector público y el privado deben alinearse. La presentación de este proyecto de ley es un paso intermedio, razonable y urgente para terminar con el anonimato en el transporte y cuidar de manera efectiva a quienes nos trasladan todos los días.