Un hecho significativo pasó casi inadvertido en el reciente papelón de la vicegobernadora respecto a los basurales de San Rafael. Hebe Casado, fiel a su estilo de declaraciones altisonantes y poco respeto por la institucionalidad, habló de supuestos enterramientos clandestinos de residuos… desde una celda de relleno del vertedero controlado de La Tombina. Fue el propio funcionario municipal quien debió aclararle que lo que ella denunciaba era, en realidad, parte del sistema de Gestión Integrada de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), aprobado ambientalmente hace dos décadas por la autoridad provincial.
El detalle no menor es que alguien la dejó ingresar al corazón del relleno sanitario, un espacio de acceso restringido por los riesgos que implica: caídas, subsidencia del terreno, incendios y otros. Desde allí, confundió un sitio legal y regulado con un basural clandestino, ignorando que se trata de una política pública vigente desde 1992 con la Ley 5970, una de las pocas que se ha sostenido sin distinción de partidos, junto con la de áreas naturales protegidas (Ley 6045/1993). Este episodio refleja una constante: muchos funcionarios desconocen la historia de los esfuerzos que los precedieron y creen que todo comienza con su llegada al poder.
La anécdota también desnuda la escasa relevancia que la política otorga a las cuestiones ambientales. Los presupuestos provinciales dedicados a la gestión del ambiente rara vez superaron el 0,5% anual, y las máximas autoridades ambientales pocas veces han sido especialistas en la materia. Hemos tenido arquitectos, ingenieros, abogados e incluso diseñadores gráficos al frente de ministerios, con honrosas excepciones como el Dr. Rodríguez Salas (abogado especializado en derecho ambiental), la Dra. Elena Abraham (investigadora del CONICET) y seguramente me olvide de alguien más. Las carreras de gestión ambiental, ecología o ingeniería en recursos naturales siguen esperando su turno.
El conocimiento técnico es indispensable para quien debe tomar decisiones estratégicas: participar en foros internacionales, evaluar tecnologías que intentan vendernos, seleccionar proyectos y defender políticas públicas ante otros ministros. Sin esa base, la gestión se vuelve improvisada. Y si los asesores tampoco son expertos, sino “amigos de”, el resultado es una institucionalidad ambiental debilitada, con ministros financiados por petroleras y funcionarios que apenas aprenden sobre la marcha, mientras los ciudadanos cargamos con las consecuencias.
En este contexto, Hebe Casado vuelve a ser ejemplo de lo que ocurre cuando la Ley Yolanda, que obliga a capacitar a los funcionarios en ambiente, se ignora. Así se repiten errores y ridículos, como llamar “hambrientalistas” a quienes defienden el ambiente.
He recorrido este camino desde organizaciones sociales y también como funcionario público. Sé que los consejos técnicos suelen ser desoídos en favor de intereses políticos o económicos. Por eso insisto: los próximos ministros de ambiente deben combinar experiencia política y administrativa con formación ambiental sólida, capacidad de trabajo en equipo, manejo de conflictos socioambientales, conocimiento de ecología política y geopolítica, comunicación efectiva y, sobre todo, una convicción ética firme en la defensa del ambiente. Sin eso, Mendoza no tendrá futuro: nadie cuidará el agua ni los bienes naturales, salvo los ciudadanos responsables.
Con elecciones en el horizonte, es momento de exigir plataformas que incluyan medidas ambientales claras y consistentes. Y, de paso, evaluar también la salud mental de nuestros candidatos, para no terminar gobernados por nuevas versiones de Hebe.
Lic. Eduardo Sosa
