En El león, la bruja y el ropero, C. S. Lewis construye una imagen que trasciende el género fantástico. Jadis, la Bruja Blanca, gobierna un reino congelado en un invierno perpetuo, y lo gobierna sola: decide sin consultar, sin explicar y sin que nadie le exija cuentas, porque el poder que ejerce no reconoce más límite que su propia voluntad. El frío no es lo que define a Narnia bajo su mando. Lo que la define es esa discrecionalidad –ejercida sin dolor ni pudor; esa lógica de decidir todo “desde arriba” mientras los costos siempre los soportan “los de abajo”. Esta obra literaria, obliga a confrontarla con la actualidad mendocina. Y la pregunta que inspira Lewis, es esta: ¿qué criterio tiene Alfredo Cornejo para gobernar? Esa pregunta cobra actualidad frente a los recientes nombramientos del gobernador…

Un discurso y una realidad que no siempre coinciden

El relato oficial insiste en la prudencia fiscal, la austeridad y la necesidad de cuidar cada peso público en un contexto económico exigente. Ese diagnóstico no es antojadizo: la provincia atraviesa dificultades reales, con tensiones sociales y productivas que llevaron incluso al diputado Jorge Difonso a presentar un proyecto para declarar la emergencia económica y social, alegando que el comercio, la industria, el agro y las pymes enfrentan un deterioro que exige respuestas extraordinarias.

Mientras ese diagnóstico se instala como sentido común, otra serie de decisiones —tomadas casi en simultáneo— dibujan un contraste que merece atención pública. El Poder Ejecutivo, incorporó por decreto (creo cargos) a exlegisladores del propio oficialismo en puestos jerárquicos de la administración. A eso se sumaron declaraciones de dirigentes libertarios que aseguraron haber recibido ofrecimientos para ocupar espacios vacantes tras la salida de Libres del Sur de Cambia Mendoza —ofrecimientos que dijeron haber rechazado—, mientras esas mismas vacantes terminaban siendo cubiertas de todos modos.

Ninguno de estos actos es, por sí solo, ilegal. Nombrar funcionarios, reorganizar gabinetes o incorporar dirigentes propios son facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. Pero legalidad no es sinónimo de mesura, y ahí aparece el verdadero problema: la concentración de estas decisiones en la voluntad de una sola persona, con escasa explicación pública de los criterios utilizados. No se trata de gestos aislados que puedan justificarse uno por uno; se trata de un patrón que revela cómo el gobernador entiende el ejercicio del poder con total discrecionalidad y sin rendir cuentas sobre por qué se elige, a quién se elige y por qué, justo ahora.

El gesto que faltó

El contraste se vuelve más nítido si se mira lo que hicieron, en simultáneo, distintos municipios gobernados por otras fuerzas políticas: varios intendentes resolvieron (sumisamente) congelar sus propios salarios y los de sus funcionarios como señal frente a la crisis. Más allá de la insuficiencia del “gesto” el mismo es simbólico y demostrativo de que: si se le pide sacrificio a la sociedad, quien gobierna también debe compartir ese costo aunque sea minúsculo frente a todo lo que debe soportar el ciudadano “de a pie”.

La pregunta que surge, entonces, no es retórica: ¿esa misma lógica de sacrificio compartido se refleja en la administración de Cornejo cuando se observan los nombramientos, la ampliación de la estructura política y el reparto (y creación) de cargos? La evidencia disponible, al menos hasta ahora, sugiere una respuesta incómoda.

La discrecionalidad como método de gobierno

Conviene ser precisos en un punto: esta nota no afirma que exista ilegalidad alguna en las designaciones mencionadas. Tampoco corresponde negar la idoneidad de quienes fueron nombrados, algo que, de todos modos, tampoco nos consta ni en un sentido ni en el otro. El eje de esta crítica es otro, y es más incómodo porque no se resuelve con un argumento técnico.

¿Por qué un gobierno que reclama austeridad a cada paso ejerce, al mismo tiempo, nombra “grasa militante” en cargos creados y altamente remunerados, sin más explicación pública que la firma de un decreto?

Cuando las vacantes se cubren con exlegisladores propios; cuando se “crean cargos”; cuando se ofrecen cargos a dirigentes que después los rechazan públicamente y cuando, esos mismos espacios terminan igual ocupados por otras manos leales, la pregunta deja de ser si cada nombramiento es correcto. La pregunta es si existe algún criterio verificable —más allá de la lealtad política y la conveniencia circunstancial— detrás de esas decisiones. 

Cuando ese criterio no existe; cuando no hay concurso de antecedentes ni justificación pública proporcional a la relevancia del cargo, la discrecionalidad deja de ser una prerrogativa razonable del cargo y empieza a parecerse, cada vez más a un capricho, propio de un “capataz de estancia”.

Ese es, precisamente, el rasgo que Lewis atribuye a Jadis: no gobierna mal porque sea cruel solamente, gobierna mal porque decide sola y a su antojo y espera que, esa decisión se acepte simplemente porque ella es quien manda.

Trasladado esto a la política real y confrontado con la figura del Gobernador, el problema no es que éste no tenga facultades para designar; el problema es, cuánto de esas facultades se ejerce con criterio y cuánto se ejerce, lisa y llanamente, porque es el que “manda”.

Y esto importa especialmente hoy, porque ¿cuáles son las verdaderas prioridades de un Estado cuando los recursos escasean y a la sociedad se le pide, una y otra vez, que ajuste su cinturón?

El poder no se administra solamente a través de las leyes que se votan o los discursos que se pronuncian en los actos oficiales. Se administra también —y quizás sobre todo— a través de quiénes ocupan los cargos estratégicos, con qué criterios se los elige, y cómo esas decisiones dialogan (o no) con el contexto social en el que se toman.

Ahí es donde la imagen de Jadis vuelve a ser útil. No porque haya que buscarle un rostro real a la Bruja Blanca, sino porque Lewis entendió algo que sigue siendo cierto fuera de la ficción: todo poder se revela en la forma en que organiza aquello que gobierna. 

En Narnia, el invierno eterno era la consecuencia visible de un modo de ejercer el poder. En una Mendoza devastada, la pregunta es otra: ¿hay coherencia entre el sacrificio que se le exige a la sociedad y las decisiones que toma el Gobernador?

Lo que la ciudadanía tiene derecho a exigir

Responder esa pregunta no es tarea de consignas ni de operaciones de prensa. Requiere información pública accesible, decretos que puedan revisarse, análisis presupuestario serio, control legislativo efectivo, una dirigencia política comprometida y un debate ciudadano que, no se conforme con el discurso de la austeridad y que, no normalice la corrupción.

La calidad de una democracia no se mide únicamente por la legitimidad de origen de quienes gobiernan. Se mide, también, por la coherencia entre lo que predica y lo que practica. 

Mendoza tiene, hoy, una oportunidad concreta para exigir esa coherencia y decencia.