Resulta necesario expresar con claridad que la recreación en el plano nacional de las facetas autoritarias y antidemocráticas de la doctrina neoliberal no son una novedad, como tampoco lo es su vocación por destruir el Estado. Desmantelar y destruir el Estado en sus funciones distributivas y sociales no significa para el pensamiento neoliberal dejar de contar con un Estado fuerte que garantice el poder disciplinador de los mercados. Mas allá de los ribetes grotescos que hemos asignado a las principales figuras del experimento libertario nacional (https://www.pagina12.com.ar/858532-milei-como-emergente-del-deterioro-en-manos-del-neoliberalis/ ), el trasfondo de sus medidas responde a principios ya establecidos hace muchas décadas a nivel internacional y que, para el caso de nuestro país, contamos con expresiones emblemáticas: “Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas" (José Alfredo Martínez de Hoz, 2 de abril de 1976); “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado” (Roberto Dromi, 1989). 

Sin embargo, considero que resulta imprescindible prestar atención, e intentar actuar en consecuencia, a la velocidad de la profundización de las acciones de destrucción del Estado que se respaldan en las declaraciones presidenciales. En 2024 el presidente dijo que el Estado es una organización criminal ( https://www.lmcipolletti.com/pais/javier-milei-el-estado-es-una-organizacion-criminal-es-el-enemigo-n1104810 ) y el 9 de julio de este año que vino a liberar a la sociedad de la tiranía del Estado (https://www.lavoz.com.ar/politica/milei-acto-9-julio-tucuman-liberar-pueblo-argentino-tirania-estado_0_kwwH6NdkSd.html). Estas expresiones permiten comprender el grado de fanatismo existente en el régimen gobernante en profesar uno de los pilares de la ideología neoliberal: incrementar el proceso de privatización de los diferentes sectores de la sociedad argentina como resultante del inédito desmantelamiento de las instituciones estatales. A partir de lo anterior, si imaginamos que se concretase la posibilidad de una renovación electoral del régimen gobernante el año próximo, debemos pensar algunas consecuencias futuras para la sociedad argentina que se sumarían a las penurias a las que está sometida la mayoría de la población en la actualidad.

Lo que propongo es imaginar cómo sería la configuración de la sociedad nacional en las próximas dos décadas si no se logra detener el desmantelamiento de las instituciones estatales y el consecuente proceso de privatización. Es un ejercicio de construcción de un hipotético escenario futuro si las acciones actuales de destrucción estatal se transforman en tendencias inmanentes al desarrollo de la sociedad nacional. Si no lográsemos detener esta dinámica destructiva – que es necesario volver a aclarar tiene sus puntos de anclaje en 1976 y la década de los noventa - vislumbro entonces que la cuasi desaparición del Estado-Nación podría traer como consecuencia un desmembramiento territorial y una revitalización de regiones que irán acrecentando su autonomía unas con otras y respecto al poder central. En otras palabras, con la destrucción, privatización o reducción a su mínima expresión de las instituciones estatales que corporizan al Estado nacional en las diferentes regiones del país, es posible visualizar un futuro en el que el gran territorio argentino deje de contar con una institucionalidad estatal común (política y legal). En este escenario hipotético futuro las funciones de defensa nacional podrían ser las que continúen siendo llevadas a cabo por una autoridad central. Cabría preguntarse si esto continuará siendo posible dado que también las FFAA vienen siendo objeto de reducción y ajuste presupuestario.

La dinámica de destrucción de las instituciones estatales que alimentaría este proceso de balcanización nacional continuaría reforzando otra tendencia que es posible constatar desde la década de los noventa: la constante y creciente profundización de las responsabilidades provinciales sobre áreas estatales que estaban a cargo del Estado nacional. La novedad del actual régimen es que es posible observar con claridad este fenómeno para el caso de la obra pública nacional y específicamente de la red vial donde puede observarse combinaciones variables de privatización y provincialización. Correrán la misma suerte que los ferrocarriles nacionales aquellas rutas y caminos que no sean rentables y/o no puedan ser mantenidos por los estados provinciales. En este ejercicio prospectivo se puede avizorar un escenario aún más complicado para los organismos nacionales de ciencia y técnica que vienen sufriendo un ajuste presupuestario sin precedentes. No hay futuro posible para instituciones como el INTA, INTI, la CNEA, entre otros, si no se logra detener la lógica del ajuste y la privatización. Muy preocupante también es imaginar el futuro del sistema universitario nacional en un escenario hipotético como este. La posible “provincialización” de estas políticas públicas que hasta ahora son de responsabilidad del Estado nacional configura un escenario futuro de una transformación sin precedentes: la desaparición lisa y llana de algunas de ellas, la privatización de otras y una redefinición de los alcances y grados de cobertura de las que queden bajo responsabilidad de los estados provinciales. ¿Podría sobrevivir un sistema universitario nacional bajo estas condiciones? 

Es posible pensar, también, en este ejercicio de proyectar un despliegue de las actuales tendencias sin que se logre revertirlas o al menos modificarlas, que las provincias volverán a recrear sus antiguas relaciones institucionales y probablemente aúnen fuerzas para lidiar con los actores del sector privado – muchos de ellos transnacionales – que residan en sus territorios. Sin embargo, de continuar el proceso de desmantelamiento del Estado nacional resulta difícil imaginar que las provincias patagónicas y especialmente la provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur puedan resistir, desde su propia institucionalidad y sin el respaldo de instituciones nacionales, el embate privatizador de grandes empresas transnacionales y las amenazas de otros estados nacionales. ¿Alguien imagina que sin el respaldo legal, institucional y financiero del Estado central la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur podría hacer frente al expansionismo de las potencias militares occidentales? Sin la presencia de instituciones nacionales de educación, salud, promoción económica, investigación y defensa, ¿Cómo es posible imaginar el futuro de estos territorios australes perteneciendo a la República Argentina? En este escenario de reversión del proceso de construcción del Estado-Nación, ¿cuál será la capacidad institucional que tendrían aquellos territorios provinciales que cuentan con importantes reservas de recursos naturales estratégicos en hidrocarburos y minería de regular la explotación privada intentado preservar condiciones ambientales? Vigente ya la nueva ley de glaciares (Ley 27.804/2026) resulta factible imaginar que en un par de décadas los objetivos de protección ambiental sean difíciles de lograr en los territorios provinciales donde existen los recursos a explotar. 

Si el gobierno nacional lograse aprobar el proyecto de ley que plantea la inviolabilidad de la propiedad privada – eufemismo para habilitar una mayor extranjerización de la propiedad de la tierra dado que la propiedad privada está garantizada en el artículo 17 de la Constitución Nacional – completaría los principios desregulatorios presentes en el denominado Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A propósito, la casi absoluta falta de regulación de las inversiones extranjeras en este Régimen está generando un escaso o nulo impacto en el desarrollo económico de las regiones donde estas inversiones se están llevando a cabo. Sin exigencias de compre nacional y algún tipo de reinversión de utilidades, las inversiones extractivistas de capitales internacionales no tienen ningún tipo de impacto o “derrame” sobre los entramados productivos locales o regionales. ¿Cuál será el funcionamiento de los estados provinciales en las condiciones de restricción financiera que este modelo económico continuará profundizando? Es posible imaginarlo escaso, de baja calidad y limitado a los sectores excluidos. Al mismo tiempo resulta válido plantearse que, en el hipotético caso de la provincialización del sistema universitario éste será semiprivatizado al igual que ocurre con el sistema de salud en la actualidad. ¿Continuará siendo estatal la educación pública primaria y secundaria en este futuro escenario? Seguramente no, de prosperar la propuesta de ley de educación que tiene en mente el régimen gobernante, el sistema educativo nacional será retrotraído al periodo previo a la ley 1420 y las inequidades en los niveles educativos serán aún más profundos entre las clases sociales. 

Este futuro de reversión de la configuración actual que tiene la República Argentina resulta de imaginar la profundización de la destrucción de la institucionalidad estatal nacional al mismo ritmo que lo ha venido haciendo el actual régimen de gobierno. Si la actual propuesta política, con los mismos personajes o con otros, vuelve a ser revalidada en las urnas el año próximo será difícil detener la dinámica proyectual de las dimensiones que constituyen un presente – y algunos rasgos del pasado – que se desplegaría en el escenario futuro que estoy imaginando. Obviamente que la concreción de este escenario de ajuste y destrucción de las instituciones estatales, privatización de los servicios públicos de salud y educación, profundización de la informalidad y el cuentapropismo en el mercado laboral no estará exenta de altos niveles de conflictividad social y política al interior de los territorios provinciales y entre las regiones. La posibilidad del sostenimiento del funcionamiento democrático en estas condiciones resulta, evidentemente una quimera.