Toda vez que un gobierno pide más poder para "proteger" a los ciudadanos, una democracia sana debería hacer la misma pregunta: ¿cuánto poder estamos dispuestos a darle?

Esa pregunta es la que el proyecto de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso en abril, prefiere que no hagamos.

A primera vista, el debate parece técnico: cuándo internar a alguien contra su voluntad, quién decide, qué médicos intervienen. Pero detrás de la letra chica hay una discusión mucho más vieja, la que atraviesa a todo el constitucionalismo: qué límites acepta el poder cuando dice actuar por nuestro bien.

Montesquieu ya lo había advertido: quien tiene poder tiende a estirarlo hasta donde encuentre un límite. No hacía falta sospechar de un gobernante en particular; alcanzaba con conocer la lógica del poder. Por eso, las democracias no se construyen confiando en la buena voluntad de quien gobierna, sino fabricando reglas que resistan incluso cuando esa buena voluntad falte.

La Ley 26.657 nació, precisamente, de haber aprendido esa lección por las malas. Durante décadas, personas con padecimientos mentales fueron encerradas de por vida, aisladas y despojadas de sus vínculos, muchas veces sin ningún control real sobre esa decisión. 

La ley vigente respondió con internaciones excepcionales, revisión judicial y equipos interdisciplinarios sin jerarquías. No era desconfianza hacia los médicos: era la certeza histórica de que el cuidado, sin controles, también puede convertirse en encierro.

Un problema real, una solución que no lo resuelve

Nadie serio puede negar que hoy hay un problema. La crisis económica, la pobreza y el aumento de los consumos problemáticos multiplicaron las urgencias psiquiátricas, y muchas familias se encuentran solas frente a crisis severas. 

El Gobierno dice que la ley actual, con su criterio de "riesgo cierto e inminente", traba las internaciones necesarias. Es un reclamo que merece ser escuchado y esto, no obliga a aceptar cualquier respuesta. 

Y acá aparece el primer dato incómodo: el proyecto no crea una sola cama, un solo equipo interdisciplinario ni una sola partida presupuestaria nueva. Lo único que hace es ampliar el criterio legal para internar a alguien en contra de su voluntad, reemplazando el "riesgo cierto e inminente" por uno de contornos mucho más laxos: "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física".

Es decir: el Gobierno no resuelve la falta de recursos. Amplía la puerta de entrada al encierro.

De la salud a un saber, y de un saber a un poder

Hay algo más, y es más grave todavía. El mismo proyecto exige que un psiquiatra integre obligatoriamente los equipos que deciden las internaciones y le otorga "trato preferente" en los cargos de conducción de los servicios de salud mental.

Michel Foucault dedicó buena parte de su obra a mostrar cómo el poder moderno no siempre se ejerce a los golpes: también se ejerce a través de saberes que clasifican, diagnostican y deciden sobre la vida de las personas. No decía que la psiquiatría fuera ilegítima. Decía que toda institución capaz de intervenir sobre el cuerpo o la libertad de alguien, necesita estar sometida a controles permanentes. El proyecto de Milei hace exactamente lo contrario: en lugar de reforzar esos controles, concentra la decisión en una sola disciplina.

Y el dato que debería encender todas las alarmas es este: la reforma no se detiene en la ley de salud mental. También modifica la Ley 26.827, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para exigir que las inspecciones a instituciones de salud mental se hagan "exclusivamente" con un psiquiatra en el equipo.

Traducido: el mismo saber que decide la internación pasa a controlar también quién audita esa internación. El Estado se reserva la llave de entrada y la llave de auditoría en la misma mano.

Derechos de papel

El proyecto no es un retroceso lineal. Su artículo 1º amplía discursivamente el objeto de la ley e incorpora prevención, promoción, rehabilitación e inclusión comunitaria. El problema es que esa ampliación convive, en el mismo texto, con la flexibilización del criterio de internación y con la concentración de poder en una sola disciplina.

Se reconocen derechos con una mano y se los vacía de contenido con la otra. Eso tiene un nombre en la teoría del garantismo, la que desarrolló el jurista Luigi Ferrajoli: derechos de papel. Normas que declaman facultades para ganar consenso público, mientras montan por abajo las trabas técnicas que impiden ejercerlas.

La pregunta que sigue sin respuesta

Nada de esto autoriza a decir que el Gobierno busca usar la salud mental como herramienta de control social; eso exigiría pruebas que el proyecto no ofrece. Pero sí autoriza, y obliga, a preguntar otra cosa: en medio de una Argentina tensionada por la crisis, donde el Estado refuerza sus herramientas de intervención en varios frentes a la vez, ¿no debería ser más cuidadoso, no menos, a la hora de ampliar facultades que restringen la libertad de las personas?

Una persona en crisis necesita un Estado presente. Pero presente no es sinónimo de ilimitado. Las garantías individuales no se inventaron para los tiempos tranquilos: se inventaron para los momentos de apuro, que son justamente cuando más se las quiere hacer a un lado en nombre de una urgencia.

El proyecto todavía puede modificarse, aprobarse o caer en el Congreso. Pero la pregunta de fondo va a seguir ahí, se vote lo que se vote: cuánto poder estamos dispuestos a cederle al Estado —o a una disciplina dentro de él— cuando nos dice que lo hace para cuidarnos. 

Una democracia no se mide solo por su capacidad de intervenir. También se mide por su capacidad de recordar que hasta las mejores intenciones necesitan límites…