La Cámara de Diputados realizará el miércoles y jueves próximos dos Audiencias Públicas sobre la reforma de la ley de Glaciares, en un trámite que La Libertad Avanza (LLA) limitó a 400 de los 100 mil expositores anotados en medio de los reclamos de la oposición para ampliar la cantidad de participantes y de las organizaciones ambientalistas.

La audiencias se efectuarán en dos jornadas: una presencial el miércoles 25 y otra virtual el 26, que no estarán exentas de conflictos ya que, además de restringir la cantidad de oradores, se estableció que podrán concurrir solo los 66 diputados de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, y dos asesores por bloque, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

También está pendiente lo que sucederá con la medida cautelar presentada ante la Justicia por la organización ambientalista Greenpeace para que el Congreso garantice la participación “oral”, puede ser presencial o virtual, de los 100 mil inscriptos, y que recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico.

Si el juez ordena garantizar la participación de los 100 mil inscriptos, las audiencias tendrían que extenderse por 500 días aproximadamente si exponen 200 en cada jornada.

El proyecto genera rechazo en un sector de la oposición y su sanción es reclamada por un grupo de gobernadores aliados para flexibilizar las restricciones vigentes para captar inversiones millonarias en megaminería e hidrocarburos, y que despierta preocupación en las organizaciones ambientalistas.

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) estableció un mecanismo de participación por el cual solo podrán exponer unos 400 de los 100 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, la exposiciones presenciales se restringirán a casi dos centenares mientras que otros 200 lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.

Esta restricción es rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas. En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolas Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.

“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados.

Y se aclara que “se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.

La organización ambientalista Greenpeace pidió a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos. Solicita que se ordene “al Congreso garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.

“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, planteó la organización.

También pide que “se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral ––como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube–– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.

El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental. Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas.