Cada vez que ocurre un caso como el de Kim Gómez, una nena de 7 años brutalmente asesinada por dos delincuentes de 14 y 17 años, se reactiva el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Cuesta hablar de "menores" o llamarlos "delincuentes", cuando en realidad estamos frente a asesinos.
Para abordar este tema con responsabilidad, es imprescindible apoyarse en datos concretos. El Mapa Estadístico Penal Juvenil de la República Argentina, elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y publicado a fines de 2024, surge de un relevamiento anual sobre la cantidad de causas penales iniciadas en cada jurisdicción.
De acuerdo con los datos enviados por los poderes judiciales provinciales, los índices aumentaron principalmente en jurisdicciones con grandes centros urbanos: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego. En cambio, las provincias que lograron mejorar o mantener estables sus cifras fueron Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis y Tucumán.
Estos datos muestran una tendencia clara: los delitos cometidos por menores están en aumento, y en muchos casos son incentivados por adultos que ya cuentan con la mayoría de edad, pero que saben que los menores no enfrentan las mismas consecuencias. Si son detenidos, no reciben una pena efectiva sino simples "medidas cautelares".
Como país, tenemos la obligación de tomar nota de estos indicadores. No solo para reducir el delito, sino para proteger a la infancia, a la adolescencia y a todos los ciudadanos. Y eso requiere decisiones firmes y políticas públicas actuales, no parches ni discursos cómodos.
Por eso, el Congreso de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto que deroga el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278), una norma vigente desde la dictadura militar que ya no responde a la realidad que enfrentamos.
El punto central de la reforma es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Pero el proyecto no se agota ahí: incluye penas alternativas a la privación de la libertad, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y la prohibición de conducir vehículos.
La lógica es simple: la prisión debe ser el último recurso, reservado para los casos más graves y con fundamentos concretos. Con esta reforma, los jueces podrán aplicar penas privativas de la libertad a menores de 14 años con juicio, defensa y garantías claras. Se termina con las "medidas tutelares" que mantienen a un chico en reclusión sin proceso formal, sin defensor y en condiciones que no están reguladas.
Aunque la mayoría de los delitos cometidos por menores son robos o hurtos, con esta ley el Estado tendrá las herramientas necesarias para actuar cuando se atente contra la vida y la integridad de los argentinos.
Así avanzamos hacia una sociedad más segura y más justa.
Porque delitos de grandes, penas de grandes. Y el que las hace, las paga.
