Hablemos de la “deforma” laboral de Javier Milei, esa que se presenta como modernización y que se apoya en un relato repetido: la supuesta “industria del juicio”. Sin embargo, los números no acompañan esa idea, ya que en 2025 hubo 135.000 juicios laborales, lo que equivale a 1,3 de cada 100 trabajadores iniciando una demanda. Una proporción que difícilmente explique por sí sola el estado del empleo en Argentina, especialmente cuando la vida cotidiana muestra que la verdadera urgencia es conseguir trabajo, sostenerlo y llegar a fin de mes.
El centro del problema está en otro lado y se ve con claridad, porque desde que Milei llegó a la Casa Rosada, se perdieron 281.000 puestos de trabajo registrados, con un mercado laboral que ya venía tensionado por el aumento de costos fijos y la carga tributaria. En Argentina hay 29 millones de personas en edad de trabajar, 22 millones trabajan o buscan activamente trabajo de forma permanente, y aun así el 43% lo hace en negro, mientras apenas 10.100.000 argentinos tienen empleo registrado. Ese es el dato que describe el tamaño del desafío y también el tipo de soluciones que se necesitan.
Por eso resulta clave ordenar el debate, ya que cuando se pone el foco solo en la Ley de Contrato de Trabajo, en las indemnizaciones o en las multas por empleo no registrado, se termina discutiendo el síntoma y se pierde de vista la enfermedad, porque lo que realmente frena la creación de empleo formal es un combo que mezcla presión tributaria, costos y una brecha de capacitación que deja a mucha gente afuera de los puestos que la industria, el comercio y la producción demandan hoy.
Ahí aparece una contradicción difícil de explicar: mientras se promete dinamizar el empleo, se recorta presupuesto en educación, ciencia e innovación, justo las herramientas que permiten formar trabajadores para los nuevos desafíos y mejorar la productividad, que es la base para que haya mejores salarios y más empleo sostenido. Sin formación y sin tecnología, la economía se vuelve más frágil y el trabajo se vuelve más precario, aunque se lo disfrace con palabras lindas.
Además, mientras por un lado se dice que la reforma laboral es necesaria para adaptarse a nuevas formas de empleo, la realidad es que esa transición no debería significar que quienes ya están dentro del sistema paguen el costo de incluir a quienes quedaron afuera, porque si la meta es ordenar el mercado laboral, la salida se construye ampliando derechos y ampliando protección, con reglas claras y un Estado que acompañe, no reduciendo garantías a unos con la excusa de favorecer a otros.
Mendoza, que vive del trabajo y de la producción, necesita un camino distinto, uno que combine alivio inteligente a los costos que empujan a la informalidad, formación para que más jóvenes accedan a empleos de calidad, y un marco laboral que cuide al que trabaja y también le dé previsibilidad al que invierte, porque la Argentina sale adelante cuando el empleo formal crece y cuando el esfuerzo se transforma en futuro, no cuando se baja la vara y se normaliza vivir al límite.
Por Emanuel Fugazzotto, diputado provincial.
