Por momentos, Mendoza parece ofrecer una pregunta más inquietante que una respuesta: ¿puede hablarse de una verdadera independencia judicial cuando el poder político ostenta una “mayoría automática” en el máximo tribunal, o cuando habría designado a magistrados/as a cambio de favores recibidos o dados por éstos? 

La pregunta no es abstracta. Se proyecta sobre episodios concretos: la denuncia que alcanzó al ex subsecretario de Justicia, los dichos del juez José Valerio sobre los mecanismos de poder que atraviesan al sistema, el tráfico de influencias sobre designaciones judiciales del que fuera acusado el gobernados y, en paralelo, la disputa sobre recursos estratégicos —agua, minería, fondos públicos, territorios— que vuelve más sensible el rol de los tribunales. 

En ese cruce aparece un tema que incomoda: los jueces y/o fiscales “díscolos”. No es una categoría jurídica; es una categoría política. Son aquellos magistrados que, cuando decisiones estructurales del poder son cuestionadas, no se alinean con lo esperado. Y su mera existencia —o su escasez— se vuelve un termómetro del sistema. 

Independencia bajo estrés 

La independencia judicial -rara vez- se pone a prueba en causas rutinarias. Se prueba cuando el poder administra los recursos o cuando están en juego “los patrimonios” de los funcionarios políticos (o sus familiares) ya sea del oficialismo o de la oposición, según sea la “dirección del viento” que corre por la Casa de Gobierno.

Allí donde hay concesiones, grandes negocios, fondos extraordinarios, conflictos ambientales o disputas sobre administración del Estado, los tribunales dejan de ser árbitros neutrales y pasan a convertirse en un territorio en disputa. Ese es el punto en el que aparece la sospecha más delicada: no la corrupción como episodio aislado, sino como un “método de trabajo” del gobierno.

El sentido común del ciudadano “de a pie” —que atraviesa sectores jurídicos, periodísticos y opositores— sostiene que, cuando el poder político influye en designaciones, condiciona carreras o “disciplina a magistrados”, la independencia del poder judicial puede volverse idílica y claramente UTOPICA. Y en Mendoza esa discusión no es nueva. 

Cornejo y la pregunta prohibida

En torno al liderazgo de Alfredo Cornejo sobrevuela una acusación recurrente, difícil de probar en términos absolutos, pero persistente en el debate público; a saber: si existe una manipulación política del sistema judicial ya sea, a través de sus ex funcionarios políticos (hoy miembros de la Suprema Corte), o en la conformación de una Magistratura autopercibida (y denominada) “los soldados de Cornejo”; e incluso, a través de aquellos jueces que “no siendo del palo” son “carpeteados” por estar “supuestamente” sospechados de enriquecimientos ilícito y/o  cohecho (dado el exponencial crecimiento de sus patrimonios).

La cuestión no es si un gobernador propone o impulsa nombres —eso es parte del diseño institucional— sino si esa incidencia deriva en doblegamiento o sometimiento del Poder Judicial. Ahí la discusión deja de ser técnica y se vuelve republicana. Porque si quienes deben controlar al poder aparecen condicionados por ese mismo poder, la división de poderes se desvirtúa y el Poder Judicial pasa a ser más que una escribanía, un “adorno institucional”. 

Los jueces que desentonan 

Pero incluso en sistemas tensionados aparecen figuras disruptivas. Jueces que fallan incómodamente. Fiscales/as que investigan hechos o personas que no deben investigar. Jueces y Fiscalas que resisten presiones. Magistrados que, sencillamente, no encajan. Los “díscolos”.

Su problema es que suelen ser “tolerados” como excepciones mientras no alteren estructuras y cuando las alteran o “ponen en riesgo” son trasladados o removidos (esto se hace más evidente en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (Dr. Gullé). La gran pregunta no es si existen —siempre existen— sino si estos “díscolos” tienen masa crítica para producir resistencia institucional y fundamentalmente, si gozan de “protección” frente el embate del Poder Político.

Un juez aislado puede emitir una sentencia incómoda y, una fiscala (o fiscal) puede imputar un delito a un funcionario público, secuestrar sus celulares y allanarle su domicilio pero ambos saben que ponen en riesgo su cargo y/o estabilidad y obran en consecuencia. Los ejemplos sobran, los tibios también. Una judicatura capaz de sostener independencia y republicanismo, es otra cosa. Una diametralmente opuesta. 

Recursos, negocios y derechos humanos 

La discusión se vuelve más áspera cuando entra la agenda de derechos humanos. Sectores críticos sostienen que ciertas políticas provinciales —particularmente vinculadas a administración de recursos y conflictividad social— plantean tensiones severas con estándares de protección de derechos.

Si esa crítica fuera correcta, el rol judicial sería decisivo. Y allí reaparece el núcleo del problema: ¿hay jueces o fiscales capaces de frenar violaciones estructurales cuando lo que está en juego no es un expediente sino un modelo de poder? No es una pregunta menor. Es la pregunta.

Fiscales/as, selectividad penal y preservación del statu quo

Pero la discusión sobre independencia no se agota en los jueces. Tal vez el punto más sensible pase por los fiscales. Porque si los jueces son quienes deciden, los fiscales son muchas veces quienes habilitan —o bloquean— que ciertos hechos siquiera lleguen a ser juzgados. Y allí emerge una crítica particularmente áspera formulada por sectores de derechos humanos, ambientalistas y litigantes: la existencia de posibles patrones de selectividad. La hipótesis es conocida. 

Que algunos hechos graves —contaminación ambiental, eventuales delitos aberrantes vinculados a funcionarios, intereses económicos concentrados o actores del poder real— encontrarían una flojedad investigativa llamativa. Mientras, en contraste, conflictos ligados a la protesta social, cortes, resistencia a políticas extractivas o conflictividad territorial podrían recibir respuestas penales intensas e inmediatas Si ese patrón existiera, no sería una anomalía menor. Sería una forma de administración política del derecho penal. No ya justicia ciega; una Justicia selectiva. 

La criminalización de la protesta

Allí aparece otro nudo crítico: la utilización del sistema penal para disciplinar más que para garantizar derechos. La protesta social, históricamente, confronta al Poder porque se rebela ante lo que considera anormalidades. Y cuando esa rebeldía es “reprimida” lejos de todo diálogo democrático, conspira contra la división de poderes. De ello, puede emerger una lógica preocupante: concebir el disenso como una “anormalidad”.

Desde esa mirada crítica, ciertos procesos no protegerían el orden público sino el statu quo establecido por los sectores dominantes. La pregunta entonces se vuelve más dura: ¿puede hablarse de independencia cuando la persecución parece más activa frente a quienes protestan que frente a quienes concentrando poder violentan no sólo a las personas sino también a sus derechos sociales y ambientales? No es sólo una discusión penal. Es una discusión sobre democracia. 

Ministerio Público y poder real 

Hay una tesis más incómoda todavía. Que el verdadero problema no sería la subordinación formal a gobiernos de turno, sino la eventual deferencia hacia lo que algunos llaman poder real: actores económicos, corporativos, financieros o redes de influencia menos visibles. Si los fiscales son enérgicos (y a veces brutales) frente al débil y, tolerantes, indulgentes, cándidos y hasta ingenuos frente al poderoso, la asimetría (¿desigualdad?) deja de ser técnica. Se vuelve política. Y entonces la pregunta sobre jueces díscolos se amplía: ¿existen también fiscales díscolos capaces de investigar donde no conviene investigar? 

Justicia, prensa y silencio 

Hay otro actor decisivo en esta trama: la prensa. Porque allí donde la justicia vacila, el periodismo puede exponer. Y allí donde la prensa calla, el silencio también organiza poder. Muchas veces la verdadera disputa ocurre fuera de tribunales y la posibilidad de “sacar a la luz” lo que ocurre en la calle o en el gobierno depende de la difusión de la prensa.

Y ello no siempre acontece; muy por el contrario, el silencio de la prensa frente a los abusos estatales por una miserable pauta publicitaria, es “moneda corriente”. Por eso los escándalos que rozan operadores judiciales o los vínculos impropios de los funcionarios políticos que son “ocultados” tienen una dimensión mayor que la anécdota. No hablan sólo de personas. Hablan del sistema. 

Una república se mide en sus disidentes 

Tal vez el indicador más preciso de salud institucional no sea cuántos jueces o fiscales obedecen reglas, sino cuánto espacio tienen quienes desobedecen alineamientos (díscolos). Una república no se mide cuando todo aparentemente funciona en armonía; e incluso, cuando todo lo “anormal” aparece “normalizado”.

La república (cosa pública) se mide cuando un magistrado (juez o fiscal) contradice al poder con fundamento válido y sin temor por la repercusión política pueda devenirse; ya sea, cuando una investigación avanza donde no debería avanzar; ya sea cuando alguien dentro del sistema rompe el pacto tácito de silencio o peor, se desliga de la complicidad. Ahí aparecen los jueces y fiscales/as díscolos/as. Y con ellos, una posibilidad. Porque si ya no los hubiera, la discusión dejaría de ser sobre independencia judicial. Sería sobre otra cosa. Quizás sobre su ausencia.

Conclusión 

Cuando la Justicia investiga con rigor al débil y vacila frente al poderoso, la independencia deja de ser garantía y se vuelve apariencia. Si jueces y fiscales toleran la depredación de recursos, omiten perseguir corrupción y criminalizan la protesta para preservar el orden establecido por el poder de turno, no estamos ante fallas aisladas sino frente a un problema estructural. Allí la cuestión ya no es sólo judicial: es profundamente democrática.