Javier Ozollo
La universidad pública argentina en crisis
Las actuales autoridades de la UNCuyo acompañaron políticamente una agenda provincial y nacional que naturalizó el recorte del Estado, el disciplinamiento presupuestario y la subordinación de las universidades a la lógica del déficit cero.
El actual escenario de restricciones se encuadra en una metamorfosis global que cuestiona el sentido mismo de lo universitario. No solo cambian las herramientas para enseñar y aprender; está mutando la relación misma entre la sociedad y el conocimiento.
El retroceso experimentado en la UNCUYO se inscribe en un proceso nacional de retracción y debilitamiento del sistema universitario argentino, hacia la concepción de la educación como un bien privado.
En los últimos años, la gestión de la UNCUYO evidencia una distancia crítica entre sus postulados retóricos y la experiencia cotidiana de su comunidad. Si bien se sostiene el principio de la educación superior como un derecho humano y un bien social, queda reducida a una formalidad discursiva que no se traduce en políticas activas que efectivicen tal derecho.
La tendencia decreciente en la matrícula no es solo un dato estadístico; es el reflejo de una barrera invisible que excluye a potenciales estudiantes y desdibuja la función de la universidad como motor de ascenso social y enriquecimiento de la diversidad en las perspectivas del conocimiento.
Garantizar este derecho exige la gestión de políticas concretas y activas que prioricen la excelencia académica con bienestar y dignidad sobre la inercia administrativa.
Asumimos la responsabilidad histórica de convertir la incertidumbre en una propuesta de gobierno que garantice una educación humanista, capaz de responder con rigor y esperanza a los dilemas de este cambio de época. La crisis de financiamiento que atraviesan hoy las universidades públicas argentinas no puede analizarse únicamente como una consecuencia de las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, el problema también interpela directamente a una conducción universitaria que eligió durante estos años una estrategia de alineamiento político con el gobierno provincial de Alfredo Cornejo y una convivencia institucional con el proyecto nacional libertario, aun cuando ese proyecto avanzaba sistemáticamente sobre el presupuesto universitario, los salarios docentes y la ciencia pública. En detrimento de la autonomía universitaria y la consecuente imposibilidad de cumplir con la responsabilidad social universitaria.
La situación actual es crítica. El deterioro salarial docente y no docente, la paralización de programas científicos, el atraso presupuestario y la incertidumbre sobre el funcionamiento básico de las universidades forman parte de un escenario reconocido por el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Sin embargo, resulta imposible no advertir una profunda contradicción política en quienes hoy pretenden mostrarse como defensores de la Ley de Financiamiento Universitario después de haber sostenido durante toda su gestión una lógica de moderación, silencio o adaptación frente al ajuste.
Las actuales autoridades de la UNCuyo acompañaron políticamente una agenda provincial y nacional que naturalizó el recorte del Estado, el disciplinamiento presupuestario y la subordinación de las universidades a la lógica del déficit cero. La propia conducción universitaria mantuvo durante mucho tiempo un discurso de “responsabilidad fiscal” y de búsqueda de consensos con gobiernos que terminaron consolidando el mayor ataque presupuestario contra la universidad pública desde el retorno democrático.
La inconsistencia se vuelve más evidente cuando hoy esa misma gestión intenta ubicarse a la cabeza de la defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley que el gobierno de Milei vetó y bloqueó reiteradamente bajo el argumento del ajuste fiscal. () Pero, además, una ley cuya necesidad se volvió urgente justamente por el fracaso de una estrategia institucional que apostó a la negociación silenciosa mientras el deterioro avanzaba.
No alcanza con emitir comunicados cuando la crisis ya es inocultable. La UNCUYO publicó declaraciones reclamando presupuesto y rechazando intentos de desfinanciamiento. () Pero esas posiciones aparecen tardíamente y en un contexto electoral interno donde la conducción universitaria necesita despegarse de un gobierno nacional cuya política hacia las universidades fue explícitamente hostil desde el inicio.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿puede presentarse como garante de la universidad pública una gestión que convivió políticamente con quienes impulsaron el ajuste? ¿Puede alguien reclamar hoy financiamiento universitario después de haber validado durante años las políticas económicas y fiscales que destruyeron ese financiamiento?
La defensa de la universidad pública requiere mucho más que declaraciones institucionales. Requiere autonomía política real, capacidad de confrontar con el poder cuando están en riesgo derechos fundamentales y una conducción universitaria que no quede atrapada entre sus alianzas partidarias y las necesidades de la comunidad educativa.
La crisis de la UNCUYO no es solamente presupuestaria. También es una crisis de representación política y de credibilidad institucional. Porque mientras docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores sostuvieron la universidad en condiciones cada vez más precarias, buena parte de la conducción universitaria eligió priorizar la gobernabilidad y la cercanía con los gobiernos antes que una defensa firme y temprana del sistema público universitario.
El próximo martes 12 las calles se llenarán de estudiantes, docentes, no docentes, familias y toda una comunidad unida en el reclamo y defensa de la universidad pública, una lucha que cuenta con amplio consenso social.
Allí nos encontraremos, en las calles y en las aulas, con la convicción de que UNIDOS un futuro mejor está por venir.
*El autor es Doctor en Ciencias Sociales y candidato a Rector de la UNCuyo por Proyecto Universidad Abierta.
