La transición energética global dejó de ser un titular periodístico para convertirse en el factor que redibuja el mapa geopolítico de los recursos naturales.
Argentina, y particularmente Mendoza, tienen frente a sí una oportunidad histórica que resulta imperdonable desaprovechar.
¿Cómo logran las grandes empresas mineras encontrar minerales en lugares donde antes no había nada? Lo hacen mediante un "matrimonio" entre dos tipos de actores muy distintos.
Por un lado, están las empresas "junior" o exploradoras internacionales. Son ágiles, tienen el capital para arriesgar y, sobre todo, saben cómo moverse en el mercado global.
Un ejemplo claro es lo que está pasando en el sur de nuestra provincia: la empresa australiana Ampere Lithium, a través de su filial Cordillera Ventures, se alió con firmas locales como El Jarillar y especialistas como Eduardo Piñero.
Cada una pone lo que el otro no tiene: La empresa extranjera pone el dinero para la exploración y la experiencia técnica internacional. La empresa local pone el conocimiento del territorio, las relaciones y los derechos mineros ya listos para usar.
Es una combinación ganadora que no se puede improvisar ni decretar desde una oficina; es una estructura necesaria para que la maquinaria empiece a funcionar.
Los números respaldan esta dinámica. Argentina alberga el 9% de las reservas mundiales de litio. Las exportaciones del sector crecen aceleradamente, el precio internacional del mineral se recupera con fuerza y la demanda global —impulsada por la masificación del vehículo eléctrico— proyecta un déficit estructural al menos hasta 2035. El sector acaparó además el 65% de los proyectos presentados bajo el RIGI a nivel nacional. Argentina puede liderar esa ola o verla pasar desde la tribuna.
Pretender que las empresas junior vengan a enterrar su capital exige un requisito innegociable: reglas de juego claras.
Aquí chocamos de frente con la Ley Provincial 7722. Su artículo 1 impone una prohibición sobre el ácido sulfúrico que merece una lectura más inteligente que la del debate público actual.
El ácido sulfúrico es la sustancia química de mayor volumen de producción mundial: su nivel de consumo es, precisamente, uno de los indicadores clásicos del grado de desarrollo industrial de un país, reconocido como tal por organismos industriales internacionales. Prohibirlo sin ninguna consideración no es una política ambiental: es una señal ideológica y de atraso social y económico.
El cianuro merece el mismo análisis.
El ferrocianuro de potasio está clasificado como aditivo alimentario por la Unión Europea y por el Codex Alimentarius de la FAO/OMS, y está autorizado en decenas de países como anti-aglomerante en la sal de mesa. Esa misma sustancia que se usa en alimentos, en Mendoza se prohíbe para la obtención de oro y plata. Esa contradicción no es un argumento para distraer controles ambientales; es la razón para reemplazar una prohibición específica por controles basados en evidencia científica, que distingan entre usos habituales y riesgos reales.
No existen en el mundo Declaraciones de Impacto Ambiental aprobadas luego de rigurosos exámenes técnicos que deban ser sometidas además a un órgano legislativo para su ratificación. En los proyectos que hoy tramitan en Mendoza, los procedimientos involucran a múltiples organismos sectoriales, designan universidades como órganos técnicos independientes y realizan audiencias públicas.
Una legislatura no agrega control técnico alguno. Para un inversor, eso es puro riesgo regulatorio: espanta el capital de riesgo que tanto necesitamos, antes incluso de que el proyecto arranque.
El entramado entre capitales extranjeros dedicados a asumir el riesgo exploratorio y las empresas mendocinas necesarias para la ejecución es el verdadero motor capaz de apuntalar nuestro desarrollo.
La ventana de oportunidad que nos brinda la demanda mundial de litio tiene competidores globales y, seguramente, fecha de vencimiento.
Contamos con la geología, la base jurídica y el capital humano para empezar.
Pero para ir más allá del titular periodístico debemos darnos la oportunidad de discutir seriamente la reforma de la Ley 7722: una ley que hoy espanta inversiones, no agrega protección ambiental real, y degrada decisiones técnicas sometiéndolas a inciertas voluntades políticas.
Eso no es ceder ante las empresas.
Eso es gobernar para más de dos millones de mendocinos.
Por Martín G. Rostand, Senador por el PRO
