El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto que modifica y desarticula aspectos centrales de la Ley N.º 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. Lo hace sin presentar una política alternativa, sin un esquema de transición y sin una propuesta integral que reemplace una herramienta construida durante años de trabajo técnico, sanitario y legislativo.
La Ley de Etiquetado Frontal no surgió por azar ni como una decisión improvisada. Fue el resultado de un largo proceso de construcción democrática, sostenido por evidencia científica, organizaciones de salud, especialistas, legisladores y organismos que coincidieron en un principio básico: el derecho de las personas a recibir información clara sobre lo que consumen.
Sin embargo, el discurso utilizado para justificar esta modificación recupera argumentos que históricamente impulsaron sectores empresariales que se opusieron a la norma desde sus inicios. Conceptos como “sobrecostos”, “rigidez normativa”, “asimetrías regulatorias” o la necesidad de “armonización con el Mercosur” vuelven a aparecer como fundamento para reducir el alcance de una política pública que busca proteger la salud.
Pareciera que el lobby empresario encontró eco en la decisión oficial.
Tal vez el Gobierno considera que la caída del consumo tiene origen en las regulaciones vigentes. Sin embargo, ese diagnóstico omite una realidad evidente: el deterioro del poder adquisitivo de la población y el impacto económico que atraviesan millones de familias.
Hasta el momento no se ha presentado un informe de impacto sanitario que respalde la necesidad de debilitar una herramienta de información nutricional obligatoria. La evidencia disponible muestra que el acceso a información clara permite decisiones de consumo más conscientes y mejora las condiciones para una alimentación saludable.
En un país donde el exceso de peso y la obesidad afectan a una proporción significativa de adultos y niños, donde aumentan las enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, y donde el sistema de salud enfrenta crecientes presiones, reducir mecanismos de prevención e información representa una decisión difícil de justificar.
Derogar o vaciar de contenido una política de estas características implica retroceder en materia de derechos del consumidor y salud pública.
Por supuesto, toda ley es perfectible.
Si el Gobierno identificó deficiencias técnicas reales —ya sea en umbrales nutricionales, categorías alimentarias, mecanismos de actualización o parámetros regulatorios— el camino institucional debería ser proponer modificaciones respaldadas por evidencia científica y discusión pública transparente.
Eso fortalecería una democracia basada en argumentos y conocimiento, y no en decisiones que responden exclusivamente a intereses sectoriales o coyunturas económicas.
Porque lo que está en discusión no es solamente una norma.
Está en discusión qué modelo de consumo, qué modelo de salud pública y qué nivel de protección del ciudadano queremos construir.
Por Ing. Julio Cobos, coautor de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N.º 27.642
