Mendoza observa.

Mendoza sospecha.

Mendoza empieza a cansarse.

Mientras la provincia enfrenta una de las etapas más delicadas de su historia ambiental, hídrica y social, tres figuras concentran -cada vez más- cuestionamientos públicos alrededor del manejo del agua, el territorio y los recursos naturales: Sergio Marinelli, Humberto Mingorance y el mismo Cornejo que, aun cuando pretenda mostrarse distante, su sombra emerge nítida detrás de estos personajes apocalípticos…

No son simplemente funcionarios.

Representan una manera de gobernar.

Una lógica donde las decisiones estratégicas prescinden de la voluntad popular estrechando sus lazos -cada vez más- con los intereses económicos concentrados.

Porque en Mendoza el agua no es un detalle técnico y menos aún, un adorno.

El agua define quién produce, quién crece, quién invierte y quién sobrevive. Y así, fue, es y será, siempre.

Y justamente por eso, el temor social crece cuando comienzan a multiplicarse las excepciones, los informes de impactos ambientales controvertidos, las licitaciones digitadas y los discursos engañosos propuestos por asesores de imagen, mientras la población percibe una realidad creada por una dirigencia carente de compromiso social.

Esta misma dirigencia es la que insiste en engañar a la población con una retórica vacía, con discursos que están llenos de palabras floridas, pero que en el fondo carecen de contenido real o propósito honesto. La gente ya sabe quiénes son, qué buscan y lo peor, sospecha que detrás de muchas decisiones existen intereses que rara vez se explicitan.

Cuando toda una sociedad siente temor por el futuro de su recurso más importante y duda, no sólo de la idoneidad sino también de la decencia de sus gobernantes, la responsabilidad es necesariamente política.

Y esa responsabilidad no desaparece detrás de informes técnicos ni de autonomías institucionales y menos aún, de spots publicitarios.

Porque nadie que observe honestamente la realidad mendocina puede sostener que, el poder real actúa aisladamente. Todas sus manifestaciones convergen cuando hay privilegios que preservar.

Irrigación, Ambiente y Gobierno no constituyen compartimentos incomunicados ni poderes independientes. Son las tres cabezas de un mismo “Cerbero” (monstruo mitológico): distintas en apariencia, inseparables en su esencia y subordinadas a un mismo centro de decisión.

Y así, los ciudadanos comunes observamos cómo el discurso oficial sobre sustentabilidad se desvirtúa con expansión inmobiliaria descontrolada; presión permanente de la megaminería; deterioro ambiental; contaminación y una creciente desigualdad en el acceso y protección de recursos esenciales.

Ahí aparece otra herida que muchos prefieren no mirar: Guaymallén.

Sí, Guaymallén no es solamente un símbolo de una degradación política, constituye una visión premonitoria de las consecuencias contaminantes a gran escala que podrían producirse en la provincia.

Por su parte, el poder político –apartado de la realidad- habla de sustentabilidad, modernización y administración eficiente de recursos y de las mieles de la minería; mientras que, en sectores de Guaymallén vecinos denuncian consumir agua contaminada con bacterias asociadas a la materia fecal.

No se trata ya de sospechas aisladas ni de consignas opositoras. Informes técnicos vinculados a especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo detectaron la presencia de Escherichia coli y otros contaminantes en muestras de agua analizadas en Los Corralitos, situación que derivó no sólo en alarma sanitaria sino en también en denuncias penales que determinaron la imputación tan sólo de Mingorance. ¿Y Marinelli? ¿Y Cornejo?

Éste es el verdadero rostro de la decadencia institucional.

Una provincia donde sus gobernantes promueven megaproyectos mineros, potencialmente contaminantes; éstos se apartan y buscan desligarse de responsabilidad alguna cuando ciudadanos comunes que viven en ambientes fétidos y nauseabundos se intoxican a consecuencia de la negligencia de aquellos.

Una provincia donde el discurso ambiental parece diseñado para conferencias y campañas publicitarias; pero no, para proteger efectivamente a quienes conviven todos los días con contaminación, desbordes cloacales y abandono estatal.

Y lo más grave –quizás- no sea solamente la contaminación y la naturalización de ello por la ciudadanía; sino también y muy especialmente, el silencio de la dirigencia frente a situaciones que en cualquier sociedad serían motivo de renuncias; destituciones inmediatas y denuncias penales con las consecuentes privaciones de libertad de los implicados y el embargo de sus bienes.

Porque cuando el agua empieza a enfermar a la población, el problema deja de ser técnico, legal o administrativo. Se convierte en una cuestión moral.

Y cuando la contaminación avanza mientras el poder habla de desarrollo sustentable, la contradicción se vuelve más obscena y más inmoral.

Porque la desigualdad ambiental también revela una desigualdad política: hay zonas protegidas y zonas sacrificables.

Hay ciudadanos cuya calidad de vida parece valer más que la de otros o; en otras palabras, parecen existir ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda clase.

Y eso destruye la confianza social, la calidad de vida, el bienestar general y conspira en definitiva, contra la república.

Por eso la sombra de la megaminería vuelve constantemente al centro del debate. Desde la crisis de la Ley 7722, el pueblo mendocino comprendió que debía vigilar permanentemente a los “inquilinos” de la Casa de Gobierno y de la Legislatura (sean del color político que sean)

Aquellas movilizaciones dejaron una enseñanza imborrable: cuando la dirigencia deja de escuchar, la sociedad termina reaccionando.

Hoy, muchos mendocinos sentimos nuevamente la misma alarma. No necesariamente porque exista ya una catástrofe a gran escala, sino porque percibimos que el caso “Guaymallén” es tan sólo un anticipo de lo que podría llegar a pasar si se contaminan con cianuro las napas comprometidas en los distintos proyectos mineros que propicia tanto el gobernador como sus funcionarios (Mingorance y Marinelli).

Como decía Thomas Jefferson: “Cuando la injusticia se hace ley, la rebeldía se convierte en deber.”

Eso es exactamente lo que hoy siente gran parte de Mendoza.

La pelea ya no es solamente por el agua. Es por impedir que se deshaga el contrato social por el cual los individuos cedimos voluntariamente parte de nuestros derechos y libertades a un Estado, a cambio de protección, orden y el bienestar común.

Porque un pueblo puede soportar crisis económicas, errores políticos e incluso frustraciones electorales. Lo que no tolera es la idea de que quienes gobiernan, administren prepotentemente y con desprecio por nuestras vidas y la de nuestros hijos.

Y ahí nace la resistencia, cuando los ciudadanos percibimos que quienes debían proteger el interés común, han dejado de hacerlo y las vías institucionales ya no ofrecen respuestas creíbles.

Así, al comprender que cuando los recursos esenciales y las condiciones básicas de convivencia quedan subordinadas al poder económico sin que el ciudadano común pueda controlarlo o cuestionarlo, el silencio deja de ser prudencia y comienza a convertirse en rendición.

Mendoza todavía está a tiempo y el reloj corre inexorablemente…